Ricardo Dudda-El País

El Gobierno cede siendo consciente de que la otra parte no parece dispuesta, y propone una distensión unilateral

Quim Torra quiere negociar de tú a tú con el Gobierno. Es una reivindicación clásica del independentismo, que quiere una relación bilateral con España, y no multilateral como las demás autonomías. En el último mes ha habido gestos que han confirmado esa posición. La líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, se negó el mes pasado a reunirse con Torra hasta que no se distancie del plan independentista de Puigdemont y quite un gran lazo amarillo de la fachada de la Generalitat. Arrimadas perdió la oportunidad de demostrarle que gobierna una autonomía en la que ella ganó las elecciones. A Torra posiblemente le habría molestado la normalidad institucional. Prefiere perpetuar una sensación de excepcionalidad, a la que contribuyó inevitablemente Arrimadas.

Estos días, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha hablado de que Cataluña exige una “respuesta específica”. Es cierto. Por mucho que el constitucionalismo quiera traer de vuelta al Govern hacia el autonomismo, es obvio que las relaciones con Cataluña son excepcionales. Hablar de infraestructuras o financiación no parece suficiente.

Pero esta distensión del Gobierno se produce mientras en ERC se habla de que el autonomismo ha muerto y en el PDeCAT de que la vía unilateral sigue viva. Torra ha hablado de reeditar el 1 de octubre, y ha usado la neolengua independentista: lo que tienen que hacer es “ir creando el momento”. No parece muy sensato pensar que esto son solo palabras, especialmente cuando no se cumple todavía un año del golpe parlamentario de los días 6 y 7 de septiembre, el 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia (DUI) de finales de ese mes. El Gobierno cede siendo consciente de que la otra parte no parece dispuesta, y propone una distensión unilateral. Da la sensación de que Batet ofrece al independentismo recuperar competencias, revisar artículos del Estatut rechazados por el Constitucional, y mayor inversión pública solo para que no vuelvan a la ilegalidad y la unilateralidad. Esta tesis es algo que molesta a independentistas y catalanistas: que el independentismo se puede comprar.

El diálogo entre Sánchez y Torra tiene que ser sin cortapisas, como se ha dicho. Está bien que sea así. Resultaría ridículo que hubiera temas vetados. Torra puede pedir un referéndum y Sánchez puede negárselo. Resulta sorprendente que el independentismo considere esto una “gran victoria”, como afirmó Joan Tardà. El líder de ERC de hecho votó en el Congreso a favor de la nueva RTVE con la única condición de que Sánchez y Torra pudieran hablar de todo, incluido el referéndum. Transmite una sensación de derrota. Parece que solo le importa poder decir que hablaron del referéndum, a pesar de que lo harán desde posturas antagónicas. El independentismo quiere volver a tener la iniciativa. El nuevo Gobierno se la ha quitado, pero no puede caer en el error de darle demasiado a quien nunca se puede quedar satisfecho.