HAN hecho bien el Partido Popular y Ciudadanos anunciando que se abstendrán en la votación del decreto-ley sobre la exhumación de los restos de Franco. Es no caer en la trampa de avalar los siniestros años de la España negra, pero también de no abrazar algo que no se sabe dónde terminará y podría, si no hay frenos, deslegitimar la transición democrática.

 No existe transición democrática exitosa sin aspectos horrendos. En la transición sudafricana la verdad reemplazó a la Justicia; en algunas de Europa central, el pasado deshonroso inhabilitaba a una persona para ejercer cargos y poco más; en la argentina, los de arriba pagaban para que los de abajo y los del medio no tuvieran que pagar, y en la chilena, además de eso mismo, los herederos políticos del pinochetismo y el allendismo debían convertirse a la democracia. La paz centroamericana tampoco trajo Justicia, sino fórmulas parecidas a la lista anterior.

Aquellas transiciones no fueron estrictamente justas. Puede decirse que fueron pactos necesarios, a veces inevitables, un mal menor. Pero justos, no. ¿Es una razón para invalidarlas? Si lo fuera, estos países habrían desembocado, tiempo después, en nuevas guerras civiles o dictaduras. Ha sucedido lo contrario: las instituciones, la sociedad civil y la dirigencia política han sostenido la herencia que dejaron aquellas transiciones porque sucesivas generaciones comprendieron que, como enseñó Isaías Berlin, no todos los valores o ideales son perfectamente compatibles. En una transición democrática, la Justicia hace concesiones para que el futuro pueda ser más justo que el pasado.

España no fue distinta. Porque los líderes políticos de los 70, en la derecha y la izquierda (incluidos los comunistas y socialistas), comprendieron que no todos los ideales eran enteramente compatibles ni todos los valores realizables en simultáneo, fueron capaces de organizar una transición que ha superado la prueba del tiempo.