Manuel Tello-El Correo
En España, desde poco después de la Transición política, los ciudadanos hemos convivido con un cierto déficit democrático que, además de ser negativo para el progreso, conduce a una injusticia social. El déficit es (o fue) mayor en algunas de las comunidades autónomas en las cuales el Gobierno fue monocolor durante muchos años (por ejemplo, Andalucía) o en las que el nacionalismo ha tenido (o tiene) una alta cota de poder. El poder político-administrativo, unas veces sutil y otras burdamente, ha ido incrementando el ejercicio de una tiranía impersonal o personal. Este abusivo e injusto ejercicio del poder hace que en España muchos ciudadanos no pueden hacer público su juicio crítico debido al castigo que pueden sufrir, ellos o la institución a la que pertenecen.
Solo unos ejemplos. En el mundo empresarial: no existe ni un directivo que se atreva a hacer público un juicio crítico de las actuaciones político-administrativas. Saben que dicho juicio conlleva un castigo (se elimina o retrasa una licencia, un permiso, un contrato, una gestión exterior, etc.). Castigo que es directo en el caso de empresas que tienen alguna dependencia o relación con la administración. En la Justicia. Está formada por profesionales que han superado una oposición muy exigente. Los jueces son totalmente independientes. Sin embargo, los altos cargos de la Judicatura son nombrados por los partidos políticos. Esto, además de perjudicar la imagen pública de la Justicia, les exige estar callados para no recibir el rechazo ante un posible nombramiento.
Más casos. Los cuerpos técnicos de la administración; por ejemplo, los altos técnicos de la Administración del Estado o de las comunidades autonómas. En el momento en que uno hace un juicio crítico de las actuaciones políticas, ha puesto en peligro su acceso a los altos puestos (jefes de servicio, subdirectores generales, etc.). Otro ejemplo es el cuerpo jurídico de defensa del Estado. Acabamos de ver el cese del jefe de los abogados del Estado (cuerpo de élite) por no plegarse a los deseos de las autoridades políticas. Así podemos seguir ad infinitum.
Al déficit anterior hay que añadir la reciente reaparición de una de las lacras que ha tenido España a lo largo de su historia: el resentimiento como motor de la acción política. El resurgir del resentimiento se inicia con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaría general del PSOE y se implanta con toda su fuerza con Pedro Sánchez. Con él se sustituye la ideología histórica del partido socialista, que tantos frutos ha dado en el pasado, por algo que algunos llaman ‘sanchismo» («yo soy el rey»). Esto ha sido posible debido al resurgir, en algunas capas de la sociedad española, del ‘hombre masa’. Por ejemplo, entre los miembros de las agrupaciones del partido socialista. Es el hombre al que le apetece ser sometido, que ve la libertad como una carga insoportable. En el fondo, el «resentimiento del siervo». Actualmente, la mayor parte de las actuaciones, manifestaciones, decisiones, etc., del Gobierno están basadas en el resentimiento y se dirigen a mantener a la persona en el poder.
La implantación del resentimiento generó algo que España conoce: una drástica ruptura política con los partidos políticos agrupados en dos bandos enfrentados. De momento, por estar en los inicios, aún no es grave la implantación en el tejido social. Debido a que ninguno de los bandos tiene toda la razón, con esta situación es imposible poner en práctica lo que verdaderamente necesita el país: soluciones que debieran emanar de la imposible síntesis entre ellos. Además, con la aparición del resentimiento han emergido otras lacras que también han influido negativamente en nuestro pasado. Por ejemplo el odio, la envidia, el resentimiento contra la inteligencia… También han aparecido los resentimientos individuales. Con ellos desaparece la idea de patria debido a la atomización de las conciencias.
Como ejemplo, veamos cómo surge el resentimiento contra la inteligencia. En primer lugar, debido a que los que la tienen y se esfuerzan en ejercitarla son unos triunfadores en la vida. Algo que no puede ser admitido desde la mediocridad. En segundo lugar, a que la inteligencia es crítica e inquisitiva, aunque, como se indicó antes, no todos la pueden manifestar públicamente.
Entre los más libres para ejercitar esta función están los catedráticos universitarios de prestigio. Por esa razón, desde la clase política en general y desde el resentimiento en particular se tiene un odio a muerte hacia estos intelectuales cuyas opiniones tienen un cierto eco en la sociedad. Estos profesores universitarios son los que pueden analizar la falta de rigor de una tesis doctoral, el fraudulento nombramiento de un profesor universitario que no debería serlo, la crítica a declaraciones o actitudes políticas no basadas en bases objetivas y sólidas, etc.
Por esta razón, al analizar las intervenciones, desde el resentimiento, de algunos de los miembros del nuevo Gobierno -sin duda ninguna, un Gobierno legítimo- es razonable que surja en el ámbito intelectual una importante preocupación por el futuro de la inteligencia en España y, como consecuencia, sobre el futuro de la Universidad, de los cuerpos de élite de la Administración, etc. Es decir, sobre el peligro del desmantelamiento de la estructura humana que hace funcionar, con conocimientos contrastados, al Estado.