Ignacio Marcos-Gardoqui-El Correo
Ahora que las autoridades sanitarias aseguran que hemos doblegado la curva de la evolución de la pandemia, con un apreciable descenso de fallecidos y de infectados y con la previsión razonable de una próxima vuelta a una cierta normalidad, ha llegado el momento de preocuparse seriamente del plan de recuperación de la actividad. Por más que –también parece seguro– la nueva normalidad será bastante anormal. Al menos si la medimos en términos previrus.
La primera y más inmediata cuestión es hacer realidad todas las medidas anunciadas con el objetivo de asistir las necesidades personales más acuciantes. Es decir, que el dinero de los ERTE llegue ya a sus destinatarios, lo cual está muy lejos de suceder; y que el dinero de los créditos habilitados aterrice en las empresas, algo que parece más avanzado. Lo más urgente es sostener el edificio social, pero si queremos hacer tal cosa de manera duradera y sostenible en el tiempo, nos tenemos que preocupar por el empleo. Y el cuidado del empleo nos obliga a preocuparnos por las empresas, que son quienes lo garantizan.
Ayer lunes, en este mismo periódico, publicamos una entrevista con la consejera de Empleo, Beatriz Artolazabal, en la que decía cosas muy sensatas relacionadas con el nuevo ingreso mínimo que estudia el Gobierno central. Pero dijo también algo al respecto de la recuperación con lo que discrepo. Considera prematuro hacer un plan específico para el empleo, pues «cuando veamos cómo de magullados estamos, llegará el plan». Creo que no es necesario esperar más. No sabemos con exactitud ni la extensión ni la profundidad del daño causado a la economía, al empleo y a la actividad. Ni siquiera sabemos cómo será de duradero el daño.
Pero sí sabemos muchas cosas. Sabemos que el PIB bajará en un entorno cercano al 10%, más o menos lo que aumentará el déficit público. Y sabemos que, con toda probabilidad, la tasa de paro en España se irá por encima del 20%. Esto no es un ataque incontrolado de pesimismo. Es una opinión basada en los análisis realizados hasta la fecha por todas las instituciones. Es decir, sabemos lo suficiente para ponernos a trabajar ya en el salvamento del empleo y en la recuperación de la economía. No podemos repetir en la salida los errores de previsión que cometimos con la llegada del problema.
Los dirigentes políticos que gestionan la cosa pública se enfrentan a una tarea ingente causada por un acontecimiento insospechado. Por eso necesitamos que acierten en sus decisiones. Por eso hay que ofrecerles cuanta ayuda necesiten y, también por eso, deben pedirla a aquellos que puedan colaborar en la búsqueda de una solución que, aunque no será buena, confiemos que sí minimice los daños.