La situación ‘oficial’ de la economía española es tremenda, con sus ya cuatro millones de parados. Pero la realidad es aún peor, pues se acercan al millón los acogidos a los ERTE y hay 360.000 autónomos en actividad reducida que reciben ayudas. El PIB ha caído un 11% -más que en la mayoría de los países de nuestro entorno- y la desaparición de empresas se cuenta por decenas de millares. Ante esta situación las medidas adoptadas por el Gobierno han ido dirigidas a parar la sangría, a taponar el desagüe por el que huye la actividad, como consecuencia de las restricciones a la movilidad que impone la pandemia. Los ERTE disfrazan el crecimiento del paro y el ICO concede créditos a las empresas a quienes la caída de la demanda ha drenado la liquidez y corren el riesgo de estancarse. Unos créditos concedidos con generosidad y en condiciones favorables que no se hubieran dado en una situación normal.

Todo eso ya lo sabemos. Lo que ni sabíamos ni sabemos es la duración del problema que ha superado ya las perores expectativas y derruido los cálculos más pesimistas. He repasado lo que escribíamos ahora hace una año, cuando empezaba el lío, y todos pesamos entonces que dos meses era el límite que podía aguantar la economía en esa situación de parada cardíaca de la actividad. Pues ya ve. Ha pasado un año entero y el horizonte, aun siendo mejor, no acaba de despejar.

La prolongación de la crisis ha demostrado que las empresas eran más fuertes de lo que pensábamos y la acción del Estado más providencial de lo que esperábamos. Pero el paso del tiempo ha terminado por convertir muchos problemas de liquidez en problemas de solvencia y por eso son muchas las voces que claman por cambiar el paso de las ayudas y pasar de las subvenciones y los créditos a las ayudas directas. Las peticiones en ese sentido llegan desde todos los ámbitos de la sociedad, incluida la oposición y no pocos empresarios.

No sé, a mi me da cierto miedo. ¿Por qué? Pues porque no veo la manera de hacerlo sin lesionar principios de actuación pública que son inexorables. No veo qué forma van a adoptar esas ayudas, ni qué criterios se van a utilizar para su reparto. Se habla de tres fondos con quitas o de condonaciones de créditos y de ayudas de capital. Lo primero puede que sea necesario, pero si no hay criterios claros y actuaciones objetivas se puede lesionar gravemente las condiciones de la competencia. ¿Se trata de ayudar temporalmente a quien antes de la pandemia era viable y después de ella lo volverá a ser? Podría ser un buen principio, fácil de enunciar, pero ¿Quién y cómo se sabe lo que era viable y, más difícil, lo que a volver a serlo cuando todo pase? ¿Y qué hacemos con quienes a base de esfuerzo, planificación y contención han conseguido sobrevivir? ¿A esos no se les ayuda y deben soportar la competencia de quienes no han hecho los deberes? Una cosa es ayudar a los miles de bares y restaurantes, a los hoteles de una ciudad cuya competencia es abierta y difusa y otra ayudar a una docena de fabricantes de máquinas herramientas y dejar al resto en la estacada.

Y, ¿Por último, cómo se les ayudar? El sector público puede soportar bien las condonaciones. Tiene la ventaja de carecer de balances y elaborar presupuestos anuales. Pero puede causar graves destrozos en el sector financiero dadas las exigencias de la regulación que obliga a provisionar los créditos fallidos o en riesgo grave de impago.

La Vicepresidenta Nadia Calviño asegura que el Estado ya concede ayudas directas pues los ERTE evitan a las empresas el pago de los salarios. Pero es una visión miope. Los ERTE ayudan directamente a los trabajadores que evitan el despido. El Estado paga por los ERTE lo que ha evitado pagar por el paro. Los empresarios se benefician indirectamente del hecho de sostener las rentas que aumentan el consumo. Si el PIB ha caído más del 11%, las rentas disponibles han caído un 3% y eso es demanda que reciben. Pero solo eso y de eso no estamos hablando.

Quedan las ayudas de capital. No tengo ni idea de cómo se concretarán pero espero que no sea con participaciones de capital, salvo que queramos que la SEPI resucite un INI multiplicado por mil, que sería tan incontrolable como imposible de gestionar desde el gobierno. Total, un lío. Menos mal que llega el 8 de marzo y eso siempre nos mantiene ocupados.