Isabel San Sebastián-ABC

• La Ley de Seguridad Nacional habilita a Sánchez para abolir nuestros derechos cuando le convenga

Pablo Casado se equivoca al comparar la Ley de Seguridad Nacional que urde el Gobierno, aprovechando la pandemia, con el servicio militar abolido en su día por Aznar. Aquél obligaba a los españoles varones a dedicar unos meses de su vida al aprendizaje castrense, por si era necesaria su movilización en defensa de la patria. Ésta pretende habilitar al Ejecutivo para abolir nuestras libertades y derechos constitucionales en situaciones de ‘crisis’, que él mismo definirá cuando lo estime oportuno. En otras palabras, prepara el terreno para vaciar de sentido el término ‘democracia’ y establecer el estado de excepción cada vez que le convenga, aduciendo motivos sanitarios, económicos, sociales o de cualquier otra índole, a su arbitrario albedrío. El borrador filtrado al diario de cabecera sanchista reviste una extraordinaria gravedad, que el líder de la oposición no puede minimizar ni mucho menos tomarse a broma. Se trata de algo muy serio y altamente peligroso.

El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, que será tramitado como ley ordinaria y aprobado por la mayoría simple que sostiene a la coalición socialcomunista, faculta al presidente (no al Congreso, sede de la soberanía nacional) para declarar una situación de emergencia y poner en marcha el mecanismo liberticida: requisa de bienes y propiedad privada a discreción gubernamental, puesta de los ciudadanos a disposición del Gabinete para lo que éste tenga a bien mandar, silenciamiento de voces críticas en los medios de comunicación, forzados a ‘colaborar’, y demás medidas propias de los regímenes totalitarios en cuya experiencia se inspira el texto. Estamos ante un atropello democrático sin precedentes desde la Transición, cuya meticulosa voladura no deja nada al azar. De ahí que saliera adelante hace un par de meses la eliminación del carácter ejecutivo de las resoluciones del Constitucional, propuesta por el PNV pero apoyada con entusiasmo por PSOE y Podemos. Atar de pies y manos a dicho tribunal es requisito indispensable para impedir que se interponga entre Frankenstein y sus propósitos, ahora que pisa el acelerador para conseguir su plan de máximos. El monstruo se ha quitado la careta y va a por todas. Los indultos y el fin de la dispersión de etarras han sido solo el principio. Asistiremos a la celebración de un referéndum en Cataluña, bautizado con algún eufemismo engañoso; veremos a los terroristas más sanguinarios tomar las calles, libres como pájaros y a sueldo del contribuyente; España dejará de ser una nación indisolublemente unida, para convertirse en un puzle plurinacional de ciudadanos desiguales en función de los privilegios que disfruten sus comunidades, y, como guinda del pastel, Sánchez dispondrá de un gatillo ‘legal’ para expropiar, acallar, someter o explotar a los españoles a voluntad.

Nada hay de cómico en este engendro, que el PP, Vox y Cs deberían denunciar sin descanso, por tierra, mar y aire. Si acaso, resulta un sarcasmo asaltar el Estado de derecho apelando a la seguridad. Un contrasentido siniestro. Un sindiós.