La sonada denuncia falsa de una agresión homófoba en Malasaña ha desatado una oleada de proclamas políticas y periodísticas exhortándonos a no minimizar el estallido de delitos de odio por orientación sexual que se está experimentando en España. Sin embargo, no queda muy clara cuál es la fuente de tal fenómeno: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se limitó a adelantar que los delitos de odio se estaban incrementando en un 10% con respecto a las cifras de 2019. Pero dejando de lado que se trata de datos provisionales y no definitivos, semejante tasa de variación se refiere a la totalidad de los delitos de odio, no a los específicamente motivados por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. 

Lo cierto es que, hasta el momento, carecemos de datos sobre cómo este último tipo de delitos está evolucionando en 2021 (y cabe sospechar que, si estuvieran aumentando a un ritmo cercano al 10%, Marlaska habría sido más específico al respecto), así que tan solo podemos utilizar los datos oficiales disponibles hasta la fecha, esto es, hasta 2020. 

¿Y qué nos dicen esos datos? Según el ‘Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España‘, publicado anualmente por el Ministerio del Interior, los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género llevan estabilizados desde 2017 entre los 250 y los 280 por año. En 2020, de hecho, incluso se produjo un ligero descenso (del 0,4%) con respecto a 2019, si bien ello sea probablemente atribuible a las circunstancias extraordinarias de la pandemia. Por tanto, de los datos oficiales no se infiere en absoluto un estallido de este tipo de delitos de odio.

Ahora bien, incluso estas cifras deben ser interpretadas con cautela. A la postre, solo los hechos conocidos por las autoridades españolas acaban siendo recopilados en esta estadística, de modo que las cifras reales son mayores a las registradas. De hecho, en una reciente encuesta publicada por el propio Ministerio del Interior, se recoge que el 87% de los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género no son finalmente denunciados. O dicho de otro modo, al estudiar la evolución de este fenómeno, hemos de tener en cuenta que pequeños cambios en el porcentaje de hechos denunciados pueden dar lugar a cambios considerables en las estadísticas oficiales de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género. A saber, si cada vez se denunciara un menor porcentaje de los mismos, la estabilización de las cifras de delitos podría estar ocultando un incremento real, mientras que si cada vez se denunciara un porcentaje mayor, la estabilización de las cifras pondría de manifiesto un descenso real de los casos. 

Por desgracia, no contamos con datos sobre si el porcentaje de infradenuncias se está incrementando o se está reduciendo (pues es la primera vez que el Ministerio del Interior realiza la antes mencionada encuesta). El sentido común parece indicar que ese porcentaje debería estar reduciéndose con el paso del tiempo, esto es, que cada vez los delitos no denunciados deberían ser menores: la visibilización y la concienciación de los problemas específicos que pueden padecer los homosexuales dentro de nuestra sociedad son cada vez mayores y, por tanto, su propensión a denunciar ofensas o ataques debería ser mayor. Si esa hipótesis fuera cierta, resultaría que afortunadamente los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género estarían descendiendo (y recalco lo de afortunadamente, porque en ocasiones algunos parecen lamentar que las estadísticas indiquen que estos hechos son cada vez menos frecuentes). Pero lo cierto es que, en rigor a la verdad, no podemos afirmarlo contundentemente porque carecemos de datos fiables sobre la evolución de las infradenuncias.

Sea como fuere, con los datos oficiales disponibles hasta el momento, no se entiende que se esté hablando de un estallido alarmante de las agresiones homófobas. De acuerdo con los datos oficiales, estas se mantienen estables desde 2017; y una interpretación más razonable de esos datos oficiales sugiere que probablemente los casos reales de agresiones homófobas estén descendiendo. Y si lo anterior ya se entiende mal, mucho menos se entiende —o, mejor dicho, se entiende demasiado bien— que se esté vinculado ese (inexistente) estallido de los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género con la aparición en la escena política de una formación como Vox. A muchos nos podrán desagradar la mayoría de las propuestas de los de Abascal con respecto a los homosexuales (por ejemplo, dar marcha atrás en el matrimonio homosexual o restringir discriminatoriamente su acceso a la adopción), pero de ahí a culparles gratuitamente (¿dónde está la evidencia al respecto?) de un crecimiento acelerado de las agresiones homófobas en nuestro país media un trecho enorme. No solo se parte de una base fáctica probablemente falsa —que esas agresiones están aumentando—, sino que además se establece un gravísimo mecanismo causal que nadie ha demostrado hasta el momento. 

Si, haciendo caso a Marlaska, nadie debería frivolizar con un asunto tan grave como los delitos de odio, entonces nadie debería tratar de instrumentalizarlos políticamente. Las personas que han sido víctimas de un delito de odio por su orientación sexual merecen que el daño experimentado les sea reparado a costa de la sanción a sus agresores; merecen, asimismo, que el resto de la sociedad respetemos sus proyectos de vida al igual que respetamos los proyectos de vida de cualquier otra persona. Merecen, en suma, que los tratemos como fines y no como medios dentro de una denigrante refriega política por conquistar el poder. Pero ahora mismo están siendo utilizados como arma arrojadiza contra una determinada formación política y, también, contra aquellas otras que se avienen a recibir su apoyo.