Con sus 716 asientos electos, ANV lleva ya la delantera a la acción de la Justicia. Han sido meses de vacilación. Ahora el ministerio del Interior quiere cerrar todos los caminos a ETA. Deberá recordar que el negociado terrorista tiene varios frentes: la dirección, las acciones propiamente dichas, la recaudación, la información. Y por supuesto, el de la política.
Se han torcido tanto las cosas desde que ANV, ese partido republicano que condenó una vez la violencia en 1977, decidió hacerle el favor a Batasuna, este año, y ocupar el espacio electoral que la Justicia le denegaba al grupo de Otegi, que ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere pasar los deberes a limpio. La Justicia podría haberse puesto a trabajar sobre el terreno de ANV, a partir del minuto uno en que esta formación decidió presentarse a los comicios en los que, por cierto, ganó 187.000 votos (contabilizados entre los válidos y los nulos) pero el ambiente político marcaba otra dirección. No eran pocos los que pedían al Gobierno que la Justicia actuase contra lo que ya se consideraba el ‘señuelo’ de Batasuna, entre otras cosas porque los propios dirigentes de la ilegalizada formación reivindicaban su padrinazgo político sobre ANV. Pero el Gobierno alegaba, entonces, la falta de pruebas mientras que la oposición se quedaba con la sensación de que esas pruebas no se estaban buscando.
Pero en cuanto ETA rompió su tregua con las arcas llenas de explosivos, intentando matar en cinco ocasiones frustradas por la acción policial, ANV se quitó el maquillaje electoral y ahora no sólo desfila detrás de Permach en las manifestaciones y no condena las últimas salvajadas terroristas sino que las justifica hablando de la agresión de los Estados español y francés.
Parece evidente que el atentado de Durango y los posteriores intentos de la banda de provocar una matanza, han provocado cierta corrección en los mensajes políticos contra ANV. Sólo el Gobierno vasco insiste en que la ilegalización de esta formación no va a servir más que para alejarnos de la solución. Pero el ejecutivo de Zapatero tiene esa posibilidad en estudio sobre la mesa, a la espera de que se tengan «elementos» de prueba, como dijo el ministro Rubalcaba.
Dice el Gobierno, el de aquí y el de allí, que la negativa a condenar el último atentado de ETA es insuficiente para proceder a su ilegalización. Y, desde el punto de vista jurídico, tienen razón. Tanto es así que, de hecho, la condición que pesó, en su día, sobre la ilegalización de Batasuna, no fue su justificación de los actos terroristas sino su pertenencia al entramado de la banda terrorista. Quizás por esa razón, ahora la Fiscalía quiere ir más allá del estudio de las declaraciones de los representantes de ANV para investigar las actividades de sus cargos. Unos portavoces que, con sus 716 asientos electos más 437 concejales, llevan ya unos cuantos kilómetros de delantera a la acción de la Justicia y la política democrática. Han sido meses de vacilación.
Ahora el Ministerio del Interior quiere cerrar todos los caminos a ETA. Tendrá que recordar que el negociado terrorista está integrado por varios frentes: el de la dirección, las acciones propiamente dichas, la recaudación, la información. Y, por supuesto, la política.
Tonia Etxarri, EL CORREO, 29/8/2007