El blindaje del catalán ha sido una imposición de ERC que el PSC ha aceptado sin rechistar. Cabe preguntarse si el PSOE comparte estas tesis -que poco tienen que ver con la historia de este partido- o prefiere mirar para otro lado con tal de no tener más conflictos con sus correligionarios catalanes.
El Gobierno catalán, con el acuerdo de CiU, aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Educación en el que se «blinda» el modelo de inmersión lingüística al establecer que el catalán será la «lengua vehicular» del sistema educativo. El tripartito liderado por el PSC ha querido aplicar así el contenido del nuevo Estatuto y además ha dado una vuelta de tuerca a la marginación del español en la educación obligatoria. La Ley de Política Lingüística aprobada en 1998 garantizaba el derecho -siquiera sea teórico- de que los padres pudieran escolarizar a sus hijos en castellano, aunque bien es verdad que las familias que así lo solicitaban nunca vieron aceptadas sus peticiones. Hay que recordar el caso de Carmelo González, que llegó a ponerse en huelga de hambre para que su hija pudiera recibir la educación en el idioma oficial del Estado y todo fue en vano.
Pues bien, hasta ese teórico derecho ha sido suprimido en la nueva ley que limita la escolarización en castellano -si así lo piden los padres; y ya veremos- sólo al primer curso de la enseñanza obligatoria, que corresponde a primero de educación Primaria. Se trata de un evidente retroceso en relación con la ya restrictiva norma que consagró el catalán como lengua vehicular. Además, la ley enviada al Parlament otorga a la Consejería de Educación la competencia exclusiva para fijar y desarrollar el currículum. Es decir, que serán los centros educativos los que decidirán si imparten o no, de forma optativa, la tercera hora de castellano en la escuela, que fue implantada por el Gobierno central en la Ley de Educación de 2006. Antes incluso de que el Tribunal Constitucional decida si el Estatuto se aparta o no de la Carta Magna, la Generalitat ha decidido -por las bravas- considerar como propia una competencia que figura como «compartida» en la norma estatutaria.
El contenido de esta ley margina de forma flagrante al español en el sistema educativo catalán y deja con las vergüenzas al aire a las formaciones -todas menos el PP y Ciutadans- que han clamado contra el Manifiesto por la Lengua Común argumentando que en Cataluña sí se respeta el bilingüismo. ¿Tendrán la cara dura de seguir diciéndolo a partir de la aprobación de este proyecto de ley? El blindaje del catalán ha sido una imposición de ERC que el PSC ha aceptado sin rechistar. Cabe preguntarse si el PSOE comparte estas tesis -que poco tienen que ver con la historia de este partido- o prefiere mirar para otro lado con tal de no tener más conflictos con sus correligionarios catalanes.
En este sentido, el PP debe poner a prueba al Gobierno -en esta recién estrenada etapa de consenso en temas de Estado- presentando en el Congreso una proposición no de ley con la declaración suscrita ayer por Mariano Rajoy y los dirigentes del PP en San Millán de la Cogolla -cuna del español-, en la que se exige al Ejecutivo que elimine los obstáculos para la enseñanza de la lengua castellana.
Editorial en EL MUNDO, 30/7/2008