Esta semana, la CE propuso un plan (REPowerEU) para, precisamente, quitarse cuanto antes el yugo de los combustibles fósiles rusos, también del petróleo o el carbón pero sobre todo del gas, sobre el que se sustentaba buena parte de los objetivos del ‘Green Deal’ europeo, anunciado a finales de 2019.

«Es hora de afrontar nuestras vulnerabilidades y rápidamente volvernos más independientes en nuestras opciones energéticas», dijo Franz Timmermans, vicepresidente ejecutivo para el European Green Deal. 

Por mucho que se aumente el rendimiento y presencia de las energías renovables convencionales —solar y eólica— su intermitencia sigue siendo un asunto de difícil resolución. Hace falta una energía de respaldo, que pueda generar más o menos electricidad a voluntad para atender a las necesidades energéticas. La gran candidata para hacer este papel en Europa de aquí a 2050 —fecha en la cual se lograría alcanzar la neutralidad climática: cero emisiones netas— era precisamente el gas ruso, que solo empezaría a reducirse a partir de 2030. 

Ahora la hoja de ruta impuesta por Von Der Leyen tras la invasión de Ucrania exigirá reducir en 2/3 partes la dependencia del gas ruso antes del próximo invierno. Hay una parte crucial, correspondiente a calefacción o equipamiento industrial, que no puede ser electrificada. 

Además de la derivada energética, la guerra en Ucrania ha abierto otro frente: la crisis alimentaria. La actual escasez de harina o aceite de girasol son solo el preludio de lo que vendrá cuando el ‘granero de Europa’ dé la cosecha de 2022 por perdida y la de 2023 por nunca plantada. Emmanuel Macron ha sido el primer dirigente en decirlo claramente: «Tendremos una crisis alimentaria en Europa y África como consecuencia de la guerra en Ucrania».

«Europa debe cambiar», enunció esta semana en Versalles. «En términos de defensa, de energía, de agricultura, de salud, de tecnología, nosotros, europeos, debemos tomar decisiones históricas para nuestra soberanía, para nuestro futuro». 

Hasta ahora, debido a la dificultad para lograr acuerdos amplios entre estados miembros, Europa ha ido con pies de plomo en asuntos como la energía nuclear, la búsqueda de hidrocarburos o la adopción de variedades transgénicas. Pero con la amenaza bélica de Putin y el drama ucraniano, todas estas líneas rojas ya no parecen tan infranqueables.

Abrir la puerta a los transgénicos

Hace un mes, el ministro Luis Planas estaba defendiendo las macrogranjas en aquella polémica inane. La semana pasada estaba fajándose con Bruselas tratando de encontrar formas de que la ganadería no quede desabastecida de pienso en los próximos meses por el abrupto cese de operaciones comerciales con Ucrania. Planas ha sido uno de los primeros en pedir que Europa abra la puerta a cultivos que antes tenían cerradas las puertas comunitarias por ser organismos modificados genéticamente —transgénicos— o utilizar productos fitosanitarios, herbicidas o pesticidas no permitidos en nuestras tierras. 

En la UE, este conflicto siempre ha estado latente. Aunque varios países eran partidarios de la presencia de biotecnología en nuestros campos, como Holanda, Bélgica o el Reino Unido, nunca ha habido consenso, ya que otros como Francia o Alemania eran abiertamente hostiles a permitir variedades transgénicas. Actualmente, solo un tipo de cereal modificado genéticamente se cultiva en Europa: el maíz MON 810 fabricado por la multinacional estadounidense Monsanto, cuyo cultivo se da sobre todo en España.

«Europa ya se estaba replanteando desde hace un tiempo cómo regular los transgénicos, aunque ahora con lo que está pasando en Ucrania lo está haciendo de manera más directa», explica Josep Casacuberta, investigador en el Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG, por sus siglas en catalán) de Barcelona, forma parte también del panel que evalúa este tipo de herramientas en la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria o EFSA.

En realidad, la aparición de CRISPR —el revolucionario sistema de edición genética identificada por el español Francis Mojica y que valió a Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna el premio Nobel de Química en 2020— cambió las reglas del juego. En una polémica decisión, Europa clasificó los cultivos CRISPR como genéticamente modificados. En realidad, los transgénicos implican introducir genes ajenos, por ejemplo el MON 810 usa genes de una bacteria llamada ‘Bacillus thuringiensis’ para potenciar su efecto pesticida, pero los cultivos CRISPR solo modifican, activan o desactivan, genes propios para hacer a las plantas más resistentes a las sequías o las temperaturas. 

Por iniciativa de varias ONG francesas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acabó dictaminando que, basándonos en la definición de transgénico establecida en 2001 que gobierna la regulación europea, los cultivos CRISPR eran efectivamente transgénicos. «Una ley que tiene 20 años para decidir sobre unas técnicas que son nuevas: ahí está toda la complejidad de la cosa», dice Casacuberta.

Esto provocó un problema práctico. Cuando un carguero con soja llega a nuestros puertos, es sometido a un exhaustivo análisis para comprobar que no se trata de un cultivo genéticamente modificado y no aprobado en Europa. Si se detecta, todo el cargamento se devuelve a su origen. El problema con CRISPR es que es indetectable, porque genéticamente es indistinguible de un cultivo que haya sido cruzado de forma manual, como los guisantes de Mendel, para acentuar una característica o que la haya desarrollado de forma espontánea.

Además de esto, en la comunidad científica creen que la equiparación del CRISPR a los transgénicos supone también un freno a la innovación en biotecnología, y que obstaculiza los objetivos que Europa se plantea para la agricultura: mejor producción, alimentos de mayor calidad y con un menor impacto para el medio ambiente.

Como decíamos, el renovado interés por ampliar el foco de transgénicos del ministro de Agricultura está enfocado a la alimentación animal, no tanto a la humana. Sin embargo, hay algo que no acaba de encajar en la petición de Planas.

«Solamente hay aprobado un transgénico para cultivo, pero hay aprobados en torno a un centenar para importación» 

«Lo que la gente no sabe», explica Casacuberta, «es que solamente hay aprobado un transgénico para cultivo, pero hay aprobados en torno a un centenar para importación». Todos los transgénicos que ya se importan de Argentina o Brasil, como la soja transgénica para pienso, han sido exhaustivamente analizados por la EFSA para descartar cualquier riesgo a la salud, tanto para su consumo animal como humano. «Eso es lo que me sorprende de esta noticia, ya están aprobados por lo que aumentar el volumen de cereal importado de Argentina o Brasil es posible sin modificar nada». 

Para este experto, importar otro tipo de cereales no tendría mucho sentido cuando ya existen tantas variedades certificadas como seguras por el organismo regulador europeo. Toda variedad transgénica debe obtener la renovación de su licencia cada diez años y muchas de ellas la han renovado ya por segunda vez. 

Más peliaguda es la petición de España, a la que se ha sumado Francia, de que Europa establezca una exención y permita la importación de productos agrícolas que contengan pequeñas cantidades de herbicida. Brasil o Argentina están preparados para sustituir a Ucrania también en el suministro de carne —principalmente pollo— a Europa, aunque para ello tendrán que negociar el levantamiento de la sanción que les pusimos en 2018 a 20 productores de pollo por la presencia de salmonela en sus fábricas.

Todo se resume a lo mismo: para sortear esta crisis, los europeos debemos moderar los altos estándares morales, agroalimentarios y energéticos que el gas ruso y el grano ucraniano nos permitían concedernos, ¿pero hasta dónde es conveniente bajar? 

En el caso de los transgénicos o el de la nuclear no se trata de un volantazo de 180º, más bien Putin ha obligado a pisar el acelerador por un camino hacia el que nos dirigíamos tímidamente, como demuestra la taxonomía que optó por clasificar al gas y a la nuclear como energías verdes de transición, ratificada a principios de febrero pese a la oposición de países como España.

Financiar el renacer nuclear

Europa fue durante años una potencia en energía nuclear para uso civil. La crisis del petróleo de 1973 llevó a todos los países a construir reactores hasta que años más tarde, la tragedia de Chernóbil detuvo el frenesí por este tipo de energía, no contaminante pero con varios riesgos añadidos. Estos días, las centrales nucleares ucranianas han vuelto al ‘prime time’ televisivo. 

En teoría, muy pocos estados miembros apuestan por la nuclear como energía para respaldar las renovables y garantizar una economía baja en carbono. Francia, que produce un 90% de su energía con renovables o nuclear, es de largo el más decidido. A principios de febrero Macron anunció un renacimiento de la industria, con la construcción en los próximos años de entre 6 y 14 nuevos reactores para reemplazar a los que cerrarán en próximos años. En la actualidad tienen 56 operables.

«Lo que está pasando en Ucrania está modificando las ideas que había», explica Emilio Mínguez, catedrático de Tecnología Nuclear en la Universidad Politécnica de Madrid. «Para hacerse una idea, uno de los escenarios que maneja ahora mismo la Agencia Internacional de la Energía en sus informes anuales es que si se retrasa el cierre de alguna de las centrales que estaban previstas en los próximos años se podrían llegar a reducir las necesidades de gas en la Unión Europea del orden de un millón de metros cúbicos por mes». 

Hace unos meses solo Francia y Finlandia contemplaban la construcción de centrales de última generación, ambas con notables retrasos y sobrecostes, pero poco a poco otros países, como Bélgica que inicialmente planeaba su cierre nuclear para 2025, comienzan a plantearse extender sus programas más allá. Eslovaquia, Polonia o Hungría también estaban estudiando sus posibilidades cuando los tanques rusos decidieron traspasar la frontera ucraniana el pasado 24 de febrero. 

España sigue firme en su decisión de no seguir esta senda. El pasado 28 de febrero, en una entrevista con TVE, Pedro Sánchez se reafirmó y dijo que eran las propias empresas eléctricas quienes deseaban el cierre de los reactores porque no les resultaban rentables. 

«En España tenemos un cierre previsto entre 2030 y 2035», dice el catedrático. «Lo que estamos pidiendo a Transición Ecológica es que replantee lo que aparece en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) el retraso de esas centrales siempre y cuando se demuestre que actúan de forma segura». Están diseñadas para 40 años, pero en Estados Unidos reactores del mismo tipo que los instalados en España han logrado la aprobación para llegar a los 60.

Un escenario plausible sería combinar la prórroga de algunas centrales con la construcción de pequeños reactores modulares. «Estamos haciendo varios proyectos donde las energías renovables se combinan con reactores de 200 o 300 MW para mantener la interoperabilidad», indica Mínguez, «al ser más pequeños también son bastante más baratos» que la construcción de una central como las actuales, de en torno a 1.000 MW. 

Otra ventaja de estos reactores es que son capaces de alimentarse de los residuos de otras centrales nucleares almacenados en diferentes almacenes subterráneos. Francia ya obtiene un 17% de su energía nuclear a partir de combustible reciclado. Recientemente, Rumanía llegó a un acuerdo con la empresa estadounidense NuScale Power para construir una central de 462 MW (aproximadamente la mitad que una convencional) compuesta por seis mini-reactores de 77 MW. Estos serán los primeros pequeños reactores modulares (SMR) de Europa. 

Mínguez explica que han realizado varias simulaciones donde este tipo de tecnología sería especialmente útil en Canarias o Baleares para complementar la eólica y solar a la hora de garantizar la independencia energética insular. «No solo están pensados para producir electricidad, sino que con ellos también es posible producir hidrógeno o desalar agua de mar».

«Lo primero que tiene que hacer el gobierno es ofrecer una seguridad jurídica en primer lugar, y luego la parte fiscal, porque la nuclear está sometida a gran cantidad de impuestos», explica el catedrático de la UPM. «Hay algunos que hay que pagar, sin lugar a dudas, pero otros se han puesto para desincentivar a las empresas y que cierren las centrales nucleares», el último un impuesto de la Generalitat aprobado en 2020 que grava la producción de elementos radiotóxicos en reacciones termonucleares.

¿El ‘fracking’ no estaba muerto?

Todo el mundo está de acuerdo en dejar de tener como socio a Gazprom, suministrador del 40% del gas que consume actualmente Europa, pero alguien tiene que seguir haciendo ese trabajo. Algunos piensan que lo más sencillo —aunque más caro— es sustituirlo directamente por Gas Natural Licuado (GNL) obtenido de arenas bituminosas mediante el procedimiento de fracturación hidráulica o ‘fracking’. 

Para Europa, los principales socios productores de este tipo de hidrocarburo son Estados Unidos y Qatar, aunque también hay quien empieza a cuestionar por qué si vamos a quemar gas sacado con ‘fracking’ no lo extraemos nosotros directamente. El primero en dar el pistoletazo ha sido Boris Johnson, que esta semana abrió la puerta a levantar la moratoria antifracturación que él mismo aprobó en noviembre de 2019, después de que unas exploraciones en Lancashire provocaran un temblor de 2,9 en la escala Richter y los científicos opinaran que las islas británicas no eran el mejor sitio para hacer prospecciones profundas.

Sin embargo, ha bastado con que los tanques rusos cruzaran la frontera ucraniana para cambiar radicalmente de discurso. 

El ‘boom’ de esta técnica en Estados Unidos hace más de una década despertó el interés de imitarlos en varios países de Europa. En España, las principales iniciativas se realizaron en el País Vasco y Cantabria, pero tras unas tímidas exploraciones los proyectos se detuvieron antes de sacar nada de gas. Algunos estudios, hechos sobre el papel y sin pinchar el suelo, llegaron a estimar que nuestro país podría almacenar gas para abastecernos los próximos 70 años sin necesidad de importar de Argelia. Sin embargo, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en mayo de 2021 echó por tierra cualquier esperanza para los defensores del ‘fracking’, ya que prohibía por completo la búsqueda de hidrocarburos en territorio nacional, incluido territorio marítimo. 

A partir de 2016, muchos países europeos prohibieron directamente en ‘fracking’ en sus parlamentos nacionales, pero como decimos, en la historia de la energía uno nunca puede adivinar el siguiente capítulo. Antes de eso hubo una fiebre causada, precisamente, por la crisis del gas en Ucrania, cuando Gazprom cortó temporalmente el gas al no recibir de Kiev el dinero que se le adeudaba. 

«En 2013 o 2014 había unos 50 permisos de investigación, pero luego todo se paró», dice Manuel Regueiro, presidente del Ilustre Colegio de Geólogos. «El problema de España es que no hay una política energética definida y clara; en su momento se habló de sustituir el gas argelino por GNL y para ello se construyeron varias centrales de ciclo combinado, que son las que consumen ese gas, creo que somos los que más plantas de este tipo tenemos en Europa».

Para Regueiro, cualquier escenario factible de independencia energética sin gas ruso a corto plazo pasa por «abolir la ley de que no se puedan buscar hidrocarburos; la transición energética hay que hacerla pero no de hoy para mañana sino en varios años, igual que se hizo con el carbón». 

El carbón, por cierto, era otro activo en vía muerta que amenaza con resucitar. Alemania tenía un plan para eliminarlo por completo de aquí a 2038. Ahora, con la situación en Ucrania, «todas las opciones deben estar sobre la mesa», como dijo recientemente el vicecanciller alemán Robert Habeck, del partido Los Verdes y encargado de los asuntos económicos y climáticos de la república federal. 

Ahora, este político ambientalista se está viendo obligado a repensar tanto el apagón nuclear como del carbón en Alemania. Algo que en tiempos ordinarios era impensable, pero ya no estamos en esos tiempos.