A la Comisión Europea –como a la mayoría de los gobiernos del continente que, en esto, dicen amén al potente lobby ecologista– no le parece un ejercicio de hipocresía prohibir el fracking en su territorio mientras admite la descarga de los metaneros que traen el gas natural desde Norteamérica. No considera un contrasentido sustituir una dependencia –de Rusia– por otra –de USA– mientras en el subsuelo europeo, según la Energy Information Administration, se almacenan unas reservas de gas de esquisto superiores a 16,9 billones de metros cúbicos –equivalentes a las que tiene el país americano y más del doble de las que se ubican en Rusia–. ¡Qué paradoja! Despreciar la explotación de nuestros recursos naturales mientras se arbitran malas soluciones de emergencia para un problema que se ha alimentado por las propias decisiones europeas al sancionar a la potencia del este. España no las aprueba, pero sigue prohibiendo la extracción del billón de metros cúbicos de gas que alberga nuestro subsuelo.

Tenía razón Antonio Brufau, presidente de Repsol, cuando el otro día, ante sus accionistas, criticaba una política europea de cambio climático que pretende el liderazgo en la transición energética no a partir del desarrollo tecnológico, sino sobre el fundamento de la imposición de trabas a los recursos propios mientras se aceptan sin el menor reproche los ajenos. Porque, no nos engañemos, la energía verde no vendrá sólo del viento, la insolación y la lluvia, sino también de la mano de un uso transitorio de los hidrocarburos asociado a la descarbonización.