Hay deberes para septiembre en Moncloa, donde algunos testigos aseguran haber visto entre la fronda de los jardines a un ‘brujo visitador’ que se parecía a Iván Redondo. Fuese él o su fantasma, la mano de ciertos gurús de la consultoría comunicativa se nota en el argumentario sobre la sentencia de los ERE, la teoría del ‘buen ladrón’ y, sobre todo, la consigna de sacar pecho y negar la mayor, es decir, el fraude mismo. También en la vuelta de tuerca populista del presidente, capaz de señalar como enemigos a Sánchez Galán y Botín en una comparecencia de inequívoco tono bolivariano, expropiación de beneficios incluida. Ese «ir a por todas» (sic) parece más bien un «de perdidos, al río»: demagogia desparramada para rearmar la moral declinante de los muy cafeteros, sacarlos de la tentación abstencionista y convocarlos a una batalla final a cara de perro. Redondismo puro: apelación al voto emocional contra una inflación a dos décimas del once por ciento.

Pero no se trata sólo del famoso ‘relato’. Sánchez ha marcado a sus huestes un objetivo tangible para después del verano y consiste en tomar el Tribunal Constitucional al asalto. Ahí sí que va a por todas, a calzón quitado, porque aunque pierda las generales quiere amarrar el legado ideológico del mandato. La operación es complicada al requerir la sumisión previa del Consejo del Poder Judicial, cuya facción mayoritaria está para pocas bromas, y el consenso de un Feijóo que sabe –o debería saber– lo que se juega al prestarlo. Para salvar el primer escollo, el Gobierno está dispuesto a ofrecer a Carlos Lesmes una plaza como magistrado de garantías si logra desbloquear la renovación en marcha. Para el segundo le han puesto al PP un cebo, el nombramiento del juez De Prada, autor de la ‘morcilla’ jurídica que sirvió para mandar a Rajoy a su casa. La propuesta podría ser retirada a cambio de alcanzar el propósito real, que es el de elevar hasta la presidencia del TC a Conde Pumpido para que haga su magia, evite la cárcel a Griñán, ‘desjudicialice’ la sedición catalana y avale la libertad de los presos etarras y la constitucionalidad de las numerosas leyes impugnadas.

Los órganos judiciales son la aldea gala, el único baluarte institucional pendiente de ocupación en la estrategia sanchista de allanamiento del Estado. Su conquista se ha convertido ya en proyecto prioritario ante la doble confrontación electoral del próximo año. El Ejecutivo necesita un revulsivo, una victoria para insuflarse ánimos y demostrar que su empuje sigue intacto pese a la reciente colección de descalabros. La busca en el terreno político –sí, por desgracia la cúpula de la justicia es política– porque no espera progresos en la economía, el factor que lo acabará tumbando salvo que Feijóo se acomode en su actitud contemplativa. Pero un ventajista nunca entrega el poder sin jugar a fondo la última partida.