Los grandes giros electorales suelen ser multifactoriales. No se deben a un único motivo, salvo que se trate de un hecho de dimensiones colosales, de los que pasan una vez cada mucho tiempo. Se producen por agregación de elementos y se incuban durante un cierto tiempo; pero pueden dar la cara súbitamente, coincidiendo con un suceso puntual que forma parte de la cadena. Es el llamado ‘punto de inflexión‘. Por eso es fácil equivocarse en el análisis y atribuir la responsabilidad entera del cambio a ese instante concreto en el que el tumor hizo metástasis, o el aparentemente muerto se levantó y anduvo.

El Observatorio Electoral de El Confidencial, realizado por IMOP-Insights, ha estudiado metódicamente la intención de voto de los españoles en elecciones generales durante todo el curso. El 15 de septiembre publicamos la primera instantánea y hoy la cerramos por esta temporada, tras 23 oleadas quincenales. Es lo bueno que tiene la investigación continua: si una encuesta es una foto fija de la situación, una sucesión de ellas, realizadas regularmente, siempre con la misma metodología y sin trampas tezanescas, permite ver la imagen en movimiento.

Observando la serie completa de los datos, solo hay una línea de tendencia que se ha mantenido activa durante todo el curso: la apertura constante de la distancia entre el bloque de la derecha y el de la izquierda, a favor del primero. En las elecciones generales de noviembre de 2019, ambos bloques prácticamente empataron a votos: 42% para la izquierda y 42,5% para la derecha. Al comenzar nuestro Observatorio, la primera oleada ya dio una ventaja de seis puntos para la derecha. En la última que hoy publicamos, la distancia se ha hecho abismal: 14,4 puntos, que equivaldrían, con una participación parecida a la de 2019, a tres millones y medio de votos. La distribución de las fuerzas dentro de cada bloque ha ido oscilando durante estos meses, especialmente en la derecha, pero esta tendencia se ha mantenido pertinaz, insistente, cada vez más visible. Podríamos decir, con un símil hípico, que, al doblar la última curva y enfilar la recta final, la derecha lleva 14 cuerpos y medio de ventaja a la izquierda. Mucho tendrían que galopar unos y despistarse los otros en el último tramo de la legislatura para alterar sustancialmente esa situación.

La serie permite ver claramente que hay, efectivamente, un punto de inflexión en la carrera: coincide temporalmente con las elecciones andaluzas del 19 de junio. A partir de ese momento, sucedieron en la demoscopia varias cosas importantes: primero, se aceleró la deriva hacia la derecha del cuerpo electoral. Segundo, se abrió la frontera entre los bloques. Hoy, medio millón de personas que hace dos años votaron al Partido Socialista han decidido ya o consideran seriamente entregar su voto al Partido Popular, y 1,3 millones se muestran indecisos o se inclinan a abstenerse. Tercero, la intención de voto al PP dio un salto de varios puntos que en las oleadas realizadas desde entonces se ha consolidado hasta llevarlo al 33,4% con que cierra el curso. Y cuarto, los dos partidos que se sientan en el Consejo de Ministros rompen sus suelos. El PSOE ya está enquistado por debajo del 25% y Unidas Podemos tiene serias dificultades para alcanzar el 10%.

Sería un abuso pretender que todo ello se debe al resultado andaluz. Pero tampoco cabe menospreciar el impacto de esas elecciones. Andalucía ha sido durante 40 años el buque principal de la escuadra socialista, su estandarte, motor de sus victorias y amortiguador de sus derrotas. Ver caer con estruendo el palo mayor de la nave es un augurio inequívoco de naufragio, y así se ha visto en el resto de España. Se dirá que una cosa son las autonómicas y otra las generales, y es cierto. Pues bien, como nuestro Observatorio va de generales, hemos acumulado las tres oleadas realizadas desde el 19 de junio (casi 4.000 entrevistas). Esta sería la estimación de escaños para Andalucía:

El terremoto en el sur ha coincidido con otros hechos de gran trascendencia política. Los dos primeros, los más determinantes, la reaparición de la inflación desbocada en nuestras vidas y la crisis energética desencadenada por la guerra de Ucrania. Se pasó muchos pueblos el oficialismo pregonando a los cuatro vientos que, tras la pandemia y con el maná de los fondos europeos, vendría una época esplendorosa de crecimiento económico y progreso en que sobraría dinero para todo y para todos. Hoy, la escalada de los precios y el racionamiento energético que se anuncia han sembrado el temor en la sociedad. Se ven venir las vacas flacas, y los economistas saben que, sea o no cierta la recesión, si la gente siente el peligro, se comporta como si ya estuviéramos en ella, lo que no hace sino conducirnos a la profecía autocumplida.

La consecuencia de todo ello es que el presidente del Gobierno ha perdido su crédito —el que le quedara— en cuanto a su capacidad para resolver una situación económica que empieza por negar con sus palabras y sus actos, y, paralelamente, apareció al frente de la oposición alguien con crédito. Como explicó Pablo Pombo, hay 11 millones de personas (el tope de los votos que puede obtener la derecha en España) buscando la vía más eficaz para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Si llegan a la conclusión de que esa vía pasa por concentrar sus votos en el partido de Feijóo, puede darse la partida por resuelta. Por eso Sánchez se empeñó tanto en fortalecer a Vox hasta que Andalucía le mostró que eso tampoco funciona. Ahora lo ha sustituido por un discurso de regresión ideológica, refugiándose en la versión más rudimentaria y arcaica de la lucha de clases. No es un giro a la izquierda, es un viaje al pasado remoto. Solo le falta a Pedro romper a hablar de la casta mientras se arranca la corbata, o quizás ir encargando un traje verde oliva para estar a tono con el discurso.

Los gobiernos que saben lo que hacen toman decisiones de gobierno. Los que han perdido el rumbo improvisan paquetes de medidas. Entre 2009 y 2011, Zapatero produjo 15 ‘paquetes de medidas’ y cambió a 18 ministros. Todos sabemos para lo que sirvió. Estamos ante un típico voto de castigo al Gobierno, porque el personal tiene la fundada impresión de que este ha equivocado a la vez el diagnóstico y el tratamiento.

Los gobiernos que saben lo que hacen toman decisiones de gobierno. Los que han perdido el rumbo improvisan paquetes de medidas

España necesita una política antiinflacionaria de verdad, que es lo contrario de inundar el BOE de subvenciones clientelares para que siga creciendo la masa monetaria en circulación. Las políticas antiinflacionarias son necesariamente impopulares. Hay dos formas de hacerlas: con rigor y con consenso, o con demagogia y en solitario. Si se elige el segundo camino, que nadie se extrañe de la contundencia de estos datos, ni sueñe con que las cosas se arreglan bailando a los portavoces o imaginando los fastos de una presidencia europea que es cada día más ornamental. No se combate el cáncer con aspirinas.