El único consuelo de la inflación es que está a punto de tocar techo según el pronóstico de algunos expertos, aunque la historia de las crisis esté llena de vaticinios que no se cumplieron. También se puede recordar que aún estamos muy lejos del aquel 26,3 por ciento que en 1977 unió a todos los partidos y agentes sociales en busca urgente de un remedio. Pero para la mayoría de los españoles de hoy eso son batallitas de viejos. Lo que ven y sufren las familias es la subida de los transportes, del recibo eléctrico, de la hostelería, de la ropa, del pan, de los huevos, del pollo —animal inflacionario por excelencia—, del aceite, del café, de la leche y hasta del hielo. Y aún no ha empezado el curso en los colegios. El alza de los bienes de consumo se come los sueldos y quien conserve ahorros en el banco ha perdido ya una décima parte de su dinero. El problema no reside en si la culpa es de Putin o del Gobierno sino en qué diablos piensa hacer éste para contener los precios.

La respuesta de Sánchez no pasa en ningún caso por bajar los impuestos. Esa medida, como los recortes de gasto, forma parte de un tabú ideológico y político que tiene su origen en la caída del zapaterismo. El presidente sólo piensa en incrementar la recaudación para organizar derramas de ayudas directas y subsidios que le permitan seguir sosteniendo el discurso populista de la protección de los pobres y el castigo a los ricos. Sólo que eso no va a funcionar porque toda política expansiva —eufemismo de derroche— implica una espiral indefectible de impactos retroalimentados, un efecto de sobrevaloración circular donde la escalada de los costes siempre acaba superando a la de los salarios. El Ejecutivo, sin embargo, pretende sostener el espejismo de que el Estado puede frenar empobrecimiento de las clases medias a base de inyecciones de liquidez a su cargo. Un recurso meramente clientelista con el objetivo de frenar el desgaste electoral a corto plazo.

A su favor cuenta con la anuencia de los sindicatos, que empiezan a despertar de su siesta y anuncian huelgas, no para exigir medidas de economía de escala sino alzas inmediatas en los convenios de empresa. A esa cesión unilateral, sin ninguna contrapartida, le llama la izquierda pacto de rentas. Las pensiones seguirán indexadas —puede ser un punto más de déficit—, el aparato subvencional en marcha, la maquinaria de propaganda a todo trapo y la elefantiásica estructura institucional intacta. Palabras como sacrificio, ajuste o austeridad quedan proscritas en cualquier contexto o circunstancia, y por supuesto ni hablar de una rebaja tributaria, cuya simple hipótesis resulta intrínseca, conceptual y ontológicamente equivocada. España está en la franja de inflación más alta de la eurozona y la única política de estabilización del Gobierno más progresista de la Historia consiste en esperar a que descienda sola.