Este verano se han cumplido dos aniversarios del enigmático caso Pujol, entrelazados por una previsión desoladora. Hace 10 años que llegó a los tribunales la presunta trama de corrupción con la que operaba en Cataluña la familia de Jordi Pujol y ocho años de que el ‘molt honorable’ confesó que guardaba dinero en Suiza que había heredado de su padre. La previsión que se entrelaza entre esos dos aniversarios es la que nos advierte ya de que Jordi Pujol nunca va a sentarse en el banquillo de los acusados y, si acaso lo hace, nunca cumplirá condena. Con lo cual, a sus 92 años, quizá pueda empezar a presumir ante los suyos de que las dos veces que ha estado en un serio apuro judicial, ha conseguido sortearlo de una forma o de otra. Con el escándalo de Banca Catalana, gracias a la intervención del Gobierno socialista de Felipe González, que lo ‘indultó’ antes de que lo juzgaran, y con este caso de ahora, porque la lentitud de la Justicia en algunos de estos macroprocedimientos ya hace impensable que una persona de su edad acabe siendo juzgada y, en su caso, cumpliendo con la condena que se le pueda imponer. 

Antes de continuar, una aclaración conveniente: la lentitud de la Justicia rara vez es imputable a la desidia profesional de un juez o de un tribunal, porque en esos casos la propia inspección es la que los sanciona. La lentitud de la Justicia se debe al abandono por parte de los distintos gobiernos que ha habido en España, más preocupados por el reparto de cuotas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como estamos viendo, que por solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, que van desde el mismo procedimiento penal, la figura obsoleta del instructor, hasta la caótica distribución de medios y recursos en muchos juzgados, pasando por una mayor independencia de la Fiscalía. ¿Por qué no les ha interesado nunca a los poderes ejecutivo y legislativo que en España el poder judicial pudiese funcionar correctamente? La respuesta a esa pregunta solo admite especulaciones mientras se constatan frustraciones como esta del caso Pujol.

El recuerdo de lo sucedido con el escándalo de Banca Catalana tiene sentido porque, a juicio de muchos de los que participaron en aquellas investigaciones, fue entonces cuando se creó en Cataluña un ambiente de impunidad que permitió que sucediera todo lo demás. En mayo de 1984, el fiscal general del Estado presentó una querella contra los antiguos directivos de Banca Catalana por el desfalco de la entidad, que se acabó destapando porque el Banco de España se había visto obligado a intervenirla un par de años antes. La acusación inicial contra una veintena de directivos, entre ellos Jordi Pujol, incluía los delitos de apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas, porque mientras que los ahorros de miles de ciudadanos se evaporaron, los de sus directivos consiguieron salvarse antes de la quiebra. 

El escándalo mayúsculo se quedó en nada porque Pujol acababa entonces de ganar unas elecciones por una abrumadora mayoría absoluta y amenazó directamente al Estado; fue el origen del ‘España nos roba’. En las hemerotecas están todavía sus declaraciones de entonces, ya amarillentas, pero que son calcadas a las que seguimos oyendo: “Este es un juicio político contra Cataluña (…) Somos una nación, somos un pueblo, y con un pueblo no se juega (…) A partir de ahora, cuando se hable de ética, de moral y de juego limpio, podremos hablar nosotros, pero no ellos”. Por la persona que, en aquellos años, era fiscal en Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, hemos sabido, muchos años después, que la querella acabó archivándose porque el Gobierno de Felipe González se encargó de desactivarla completamente. Prohibieron que se siguiera investigando a Pujol hasta que un juez le dio carpetazo.

El ‘oasis catalán’, como lo llamaban, volvió a la tranquilidad de los manejos hasta que un verano de hace 10 años una mujer, Victoria Álvarez, examante del mayor del clan Pujol Ferrusola, se fue a un juez a contarle algunas de las corruptelas que había presenciado, las bolsas cargadas de billetes de 500 euros camino de Andorra. Dos años después, en el verano de 2014, Jordi Pujol admitió, al verse acorralado, que tenía dinero oculto en el extranjero, pero lo achacó a la herencia de su padre. La investigación policial, sin embargo, lo que fue destapando fue la red de negocios de la familia que, como explicó aquí mi compañero Antonio Fernández, a quien tenía como cerebro era a su mujer, Marta Ferrusola, la ideóloga de ese código tan pío para ocultar las transferencias de dinero: “Soy la madre superiora de la congregación, necesitaría que traspases dos misales”, decía cuando quería dos millones en otra cuenta. El año pasado, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó el archivo de la causa contra ella por el deterioro físico y mental que padece. Estaba acusada de delitos como asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal junto a su marido y sus siete hijos. El informe médico que se presentó certificaba que la mujer padece alzhéimer desde hace cinco años y, por lo tanto, es inimputable por motivos de salud.

La última previsión que se ha adelantado sobre el caso es que el juez instructor podría elevar el asunto a la sala a finales de este año, para que se fije la fecha de la celebración de la vista oral en la Audiencia Nacional. Con el atasco que padecen los tribunales de Justicia, lo normal será que el juicio no se celebre hasta un año después, a finales de 2023 o incluso en 2024, cuando Jordi Pujol esté ya próximo a los 94 años. En esas circunstancias, a la defensa del expresidente de la Generalitat, que ha utilizado todas las estratagemas a su alcance para demorar la causa, no le será difícil alegar pérdida de memoria o limitación de sus facultades cognitivas para evitar que tenga que sentarse en el banquillo. Y, desde luego, en el caso de que resulte condenado, es imposible que, cercano al siglo, acabe entrando en la cárcel, una vez que se resuelvan todos los recursos que interponga. Eso si finalmente no se acaba desinflando el caso, al no poder contar con los testimonios fehacientes de los dos progenitores, que todo puede pasar en un procedimiento así.

Hace ya años, en 2014, que este caso huele mal, huele a bluf, por eso se decía al principio que era un caso enigmático, por una pregunta repetida que se ha hecho todo el mundo: ¿cómo es posible que ningún Pujol haya ido a la cárcel por este caso, con la gravedad de los delitos que se les imputan? De hecho, en lo que afecta al patriarca del clan, Jordi Pujol, ya supimos el año pasado que la Abogacía del Estado, en contra de lo que piensa la Fiscalía Anticorrupción, no pide cárcel para él, aunque sí para alguno de sus hijos. El único que ha pisado la trena fue el mayor de los hijos, Oriol, pero por poco tiempo: en otro caso, el de las ITV, lo condenaron a dos años y medio de prisión y a los dos meses ya estaba en tercer grado. De modo que, sin esperar al juicio, solo con los aniversarios de este verano, ya podemos lamentar la previsión: otra vez va a salvarse del banquillo y la condena.