Un extenso reportaje de la BBC ha vuelto a poner de actualidad la tragedia humanitaria ocurrida en la valla de Melilla el pasado 24 de junio. Una nueva investigación que, al revisitar una docena de vídeos filmados en las inmediaciones de la verja, podría echar por tierra la versión oficial que dio el Gobierno sobre la muerte de al menos 27 de inmigrantes en la frontera del llamado Barrio Chino.

En el día más sangriento registrado en la valla de Melilla, 470 subsaharianos se dirigieron hacia el paso fronterizo con intención de cruzar a España. Pero la avalancha propiciada por el cerco de las fuerzas de seguridad marroquíes hizo que 37 de los asaltantes, según las ONGs, fallecieran al ser aplastados contra la verja. Más de 70 personas continúan desaparecidas.

Este periódico ya difundió el pasado junio las imágenes en las que podía verse la truculenta escena que generó la estampida. Pero los nuevos metrajes aportados por la BBC ponen al Gobierno español entre la espada y la pared.

Porque el vídeo que ha aportado una asociación marroquí en defensa de los Derechos Humanos muestra aparentemente a agentes marroquíes entrando en suelo español para traer a los que cruzaron de vuelta al país. Es decir, que habrían tenido lugar las polémicas devoluciones en caliente.

Pero el elemento más perturbador que avala que la tragedia pudo producirse en suelo español es un vídeo en el que se aprecia a un gendarme marroquí arrastrando un cuerpo sin vida de vuelta a Marruecos. Si al menos parte del agolpamiento se hubiera producido en territorio español, el Gobierno tendría responsabilidad en el desastre.

Aunque es difícil con la documentación existente precisar con exactitud dónde ocurrieron exactamente las muertes, por las imágenes parece deducirse que agentes españoles y marroquíes inspeccionaron cuerpos inmóviles en la franja vallada bajo control español.

Es evidente que la muchedumbre de inmigrantes iba armada y tenía un comportamiento violento. También está probada la brutalidad policial de las fuerzas marroquíes, que no sólo no frenaron el paso al grupo antes de que se aproximase a la verja. También cargaron de forma desproporcionada contra los asaltantes, convirtiendo la franja fronteriza en una auténtica ratonera.

Pero nada de esto justifica la manera en la que el Gobierno se desentendió de la sangría. Una insensibilidad que alcanzó cotas tremendas cuando Pedro Sánchez sentenció que el incidente había sido «bien resuelto» por la gendarmería marroquí. Y cuando Fernando Grande-Marlaska aseguró en el Congreso que la violencia policial para repeler el ataque a la valla fue «proporcionada y oportuna».

El obstruccionismo de las autoridades marroquíes sobre la investigación de la tragedia es manifiesto. Pero España no puede pretender también enterrar políticamente una desgracia que dejó estampas escalofriantes. Ni mirar hacia otro lado en un asunto que le compromete.

En respuesta a la BBC, el Ministerio del Interior ha rechazado las acusaciones de devoluciones en caliente. También que se moviesen cuerpos de España a Marruecos, calificando ambas de «absolutamente falsas». Pero las imágenes dejan poco lugar a la duda.

Si el Gobierno quiere realmente exonerarse de la sospecha, debe aportar las imágenes de las cámaras de videovigilancia que el Defensor del Pueblo le acusa de reservarse. La misma institución que en su informe concluyó que más de 400 inmigrantes fueron devueltos sin garantías legales.

Es evidente que España tiene un problema en sus fronteras en Ceuta y Melilla. Una circunstancia de una gravedad que la UE no quiere asumir, al no considerar realmente estas plazas como una frontera europea. Una dejación de funciones más grave si cabe conociendo el sucio doble juego de Marruecos con el control del tráfico fronterizo, que sigue alimentando una bomba de relojería que estalla periódicamente.

También resulta obvio que la infraestructura de la verja es incapaz de contener las acometidas de los grupos de asaltantes. Y que habrá que explorar un cambio de legislación o una solución pactada más eficiente que desincentive las entradas irregulares en España.

Pero nada de esto puede servir de pretexto para seguir tapando la verdad de lo que sucedió. Porque lo que ahora está en juego es determinar si hubo muertos en suelo español arrastrados a territorio marroquí.

Marlaska tiene la obligación moral y legal de esclarecer toda la verdad sobre lo acaecido ese fatídico día. Empezando por poner a disposición del Defensor del Pueblo todos los recursos necesarios para que culmine una investigación independiente.