ANÁLISIS: Una palabra que falta y un documento filtrado refuerzan las dudas sobre si realmente ETA ha aceptado que su guerra ha terminado.
ALGUNOS VEN LA TREGUA DE ETA COMO UNA ESTRATAGEMA PARA PERSUDIR AL PODER PARA QUE LEGALICE BATASUNA
Un grado de confianza mutua y acuerdo sobre el significado de las palabras, son cruciales en un proceso de paz. Todavía faltan los dos en el grupo terrorista vasco ETA para que entre en lo que algunos creen, y muchos esperan, es la última etapa de sus 50 años de “guerra” con España.
A pesar del inmediato rechazo por parte del gobierno español del último comunicado de alto el fuego, no ha pasado un sólo día desde el pasado lunes sin que los experimentados ministros manifiesten sobre la declaración del grupo terrorista vasco de la semana pasada que su actual tregua es “permanente, general y verificable internacionalmente”.
El premio de pasar a la historia como el gobierno que consiguió el fin de ETA debe ser tentador, especialmente para una administración inmersa en una crisis económica y estancada en las encuestas de opinión. Pero la experiencia amarga ha predispuesto tanto al presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como a sus compañeros contra cualquier celebración prematura.
El gobierno sabe que ETA está dañada por el eficaz trabajo de la policía en los últimos años. Madrid también se inclina a creer que la otrora ala política del grupo, el partido prohibido Batasuna, ha reconocido la inutilidad de la violencia y está, por primera vez, tratando de presionar a ETA para que se disuelva de forma incondicional.
Pero existe la sospecha de que la tregua de ETA es una estrategia para persuadir al gobierno y a los tribunales para que legalicen Batasuna antes de reanudar las operaciones militares una vez que el partido vuelva a las instituciones vascas después de las próximas elecciones de mayo.
Un documento filtrado el fin de semana por el diario español El País parece confirmar que ETA todavía siguen abrazada al dogma de que la “lucha armada” seguirá siendo un elemento esencial para conseguir la independencia vasca.
Según el documento, una resolución aprobada por el grupo tras un debate interno después de su declaración inicial de alto el fuego del pasado mes de septiembre, ha reafirmado que el valor fundamental de “la estrategia político-militar no se cuestiona”. Este comunicado va en contra de los inequívocos compromisos de los líderes de Batasuna hacia una estrategia exclusivamente sin armas.
No se puede descartar que el documento haya sido elaborado como propaganda negativa por parte de los elementos contrarios a cualquier acuerdo. Pero el reportaje fue escrito por un periodista vasco de gran experiencia y honradez, José Luis Barbería.
Además, si ésta es la posición de ETA, todo esto explicaría la ausencia de la palabra clave en la declaración de la semana pasada. Esa palabra es “unilateral”, y se considera, tanto por parte del gobierno español como Batasuna, en el sentido que ETA abandonaría la violencia sin ninguna condición previa. Su omisión, tres meses después de que Batasuna haya pedido explícitamente a ETA para que la incluya, difícilmente puede ser casual.
La semana pasada, Batasuna se las vio y se las deseó para leer la palabra en el documento, insistiendo que era un “paso histórico hacia” y el “fin del fin de ETA”. Pero la palabra, simplemente, no está ahí.
El escenario para los meses de antes y después de las elecciones es probable que se parezca a una partida de poker. Batasuna se aplicará para ser legalizada, con estatutos que rechacen explícitamente la violencia. Es casi seguro que Madrid rechazará la solicitud basándose en que Batasuna no ha roto con ETA, y ETA no se ha disuelto.
Esto podría poner a Batasuna en una posición muy difícil. La mayoría de sus seguidores quiere un final para la violencia, y el partido necesita desesperadamente volver a la arena política. Pero muchas lealtades históricas y personales hacen que la posibilidad de una completa ruptura con ETA sea muy difícil de tragar.
Mientras tanto, la línea dura de ETA puede estar calculando, como sugiere el artículo de Barbería, que la continua exclusión de Batasuna de las elecciones radicalizará a muchos de sus seguidores animándoles, una vez más, a dar al menos un apoyo pasivo a una renovada maniobra terrorista.
El gobierno sostiene una opción que podría hacer mucho menos probable este resultado desolador. Podría cambiar su política de “dispersión” de los presos de ETA en cárceles a cientos de kilómetros de sus familias y acercarlos al País Vasco, sin haber cambiado ninguna ley.
Desde un punto de vista pragmático, esta medida ampliaría la ya profunda división entre el actual liderazgo de ETA y muchos de los presos, y daría a los seguidores de Batasuna algo con lo que sentirse cómodos. Y también respondería a las amplias críticas de los grupos de derechos humanos de que la política de dispersión es un castigo gratuito e ilegal para los presos y, especialmente, para sus familias.
Paddy Woodworth, The Irish Times (Irlanda del Norte), 18/1/2011