El principal motivo por el que Feijóo puede ganar las próximas elecciones –hipótesis que hoy por hoy sigue siendo la más probable a pesar del patente reflujo de sus expectativas demoscópicas– es el hartazgo, rayano en la fobia, que Pedro Sánchez provoca en buena parte de la sociedad española. El desalojo del presidente se ha convertido en el punto programático esencial de la alternativa de Gobierno, casi el único de hecho más allá de que el deterioro económico o el alza de los impuestos constituyan un impulso concreto que empuje a muchos ciudadanos a votar por el relevo. Pero de poco o nada servirá ese eventual despido si se limita a una simple sustitución del Ejecutivo que deje intacto su legado político. Se necesita un proyecto de regeneración global que dé sentido a la idea de cambio de ciclo, y eso implica también una revisión a fondo de todo el paquete legislativo con que el sanchismo está alterando la estructura del sistema, los equilibrios institucionales y el orden jurídico.

El líder de la oposición parece haberse dado ya por advertido de la importancia que para muchos de sus votantes tiene ese compromiso. Según un despacho de la solvente agencia Europa Press, las leyes cuya revocación o reforma tiene en cartera completan por ahora una decena, y acaso acaben siendo más si el Gabinete continúa expidiendo normas nuevas en el año de mandato que le queda. El electorado de la derecha, sobre todo la porción que aún contempla al dirigente gallego con cierta reticencia, vería con buenos ojos que ese bosquejo adquiriese el carácter específico de una promesa en regla. Que se sepa que el candidato está dispuesto a incluir en su agenda la corrección de los despropósitos populistas de esta legislatura literalmente excéntrica. Aunque ello suponga dedicar a esa tarea un esfuerzo adicional al de la recuperación de una economía maltrecha. No se trata de prioridades contrapuestas sino paralelas.

Eso sí, el destrozo está siendo tan profundo y los estragos tan grandes que van a requerir un trabajo de coordinación más que notable. Si no un Ministerio específico, al menos un engranaje funcional de actuaciones interdepartamentales dotado de voluntad política y del suficiente coraje para desmantelar el entramado de leyes sectarias tejido por los socios del conglomerado Frankenstein. La nueva mayoría en el Tribunal Constitucional volverá inútiles los recursos; habrá que derogar en el Parlamento asumiendo el desgaste y el previsible coste de la agitación de la calle. Nadie piensa que vaya a resultar fácil, pero la aspiración de gobernar exige asumir responsabilidades. Y la restitución de la normalidad no es un capricho sino una urgencia democrática, un deber apremiante para el que logre –si lo logra– sacar del poder a Sánchez. Por eso es imprescindible que los ciudadanos conozcan antes lo que se va a anular y lo que no. Con máximo detalle.