Salvo que durante 2023 se produzca algún hecho de dimensión gigante, a mi juicio el resultado de las próximas elecciones generales estará ligado principalmente a tres factores que, ahora mismo, están por despejar: 

El primero es la evolución de la economía española y su reflejo en las economías familiares. Entre los expertos, se abre paso la idea de que se esquivará el escenario apocalíptico que anunciaban hace unos meses. Sobre ese escenario construyó Feijóo su estrategia de acceso al poder, inspirada en la de Rajoy en 2011: por eso ahora el PP tiene dificultades para reacomodar su discurso económico. No obstante, se añade que es probable, al menos en la primera mitad del año, una inflación cronificada en torno al 5% y un estancamiento del PIB en cifras próximas al crecimiento cero o, como máximo, al 1%. Eso se llama estanflación, pero a Sánchez le puede bastar para ir zafando e incluso venderlo como un éxito, dispuesto como está a esquilmar la caja común de aquí a las elecciones.

El segundo factor determinante son las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Todo depende de la suerte que corran los nueve gobiernos autonómicos que tiene que defender el PSOE y las alcaldías de capitales y grandes ciudades —muchas de ellas, en lugares de clara mayoría conservadora— que consiguió gracias a la fragmentación de la derecha en tres porciones. Si los socialistas consiguen retener el grueso de esos gobiernos, Sánchez estará más cerca de la salvación. Pero si su poder territorial se quiebra en favor de una derecha reagrupada, nada de lo que invente lo rescatará de la derrota en las generales. 

El 29 de mayo quedará predefinido el resultado de las generales: quien aparezca como ganador político de las elecciones de primavera recibirá un impulso decisivo que podría llevarlo a cifras que hoy no contempla ninguna encuesta.

La tercera pieza son las incógnitas sobre la configuración del mapa político. Fundamentalmente, lo que finalmente suceda en el espacio que en su día ocuparon Podemos y sus confluencias. Tras un verosímil naufragio en las elecciones de mayo, no se sabe si Yolanda Díaz conseguirá aglutinar todo lo que Iglesias fue centrifugando desde 2016, con los añadidos de Izquierda Unida y los comunes de Colau; si los restos del partido podemita resistirán el embate con Irene Montero defendiendo la fortaleza, y si se desembocará en una, dos o varias candidaturas en las generales. Cada una de esas variantes tendría efectos drásticos en la distribución de los escaños. 

Las encuestas sobre elecciones generales que se están publicando, incluidas las de este periódico, pueden servir para observar el momento, pero su utilidad predictiva sobre el resultado final es más escasa que nunca. Es como pronosticar sobre la segunda parte de un partido antes de que se juegue la primera. Entre otros motivos, porque el mapa de fuerzas políticas que se presente a los electores en 2023 puede ser muy distinto al de 2019.

El PP tuvo una explosión demoscópica al alza tras las elecciones de Andalucía y la llegada de Feiijóo a la dirección nacional —lo que, además, coincidió con el momento de máxima alarma social por la escalada de los precios y la conmoción por la guerra de Ucrania y sus consecuencias—. En esas encuestas preveraniegas, había una buena cantidad de espuma. Lo que queda tras el esperado reflujo de la euforia genovesa y la no menos esperada contraofensiva monclovita es un reflejo más adecuado de la realidad, que puede resumirse así:

• El PP parece asentarse en una franja entre el 29% y el 31%, lo que supone una mejoría espectacular de su resultado de 2019 y lo sitúa como primer partido en la mayoría de las circunscripciones; pero le queda aún muy lejano el horizonte de un Gobierno en solitario. De hecho, su asalto a los gobiernos municipales y autonómicos del PSOE solo será viable si está dispuesto a encadenarse a Vox en toda España unos meses antes de las generales.
• El PSOE cayó en septiembre, se recuperó moderadamente en octubre y se sitúa en un punto intermedio en el final de noviembre. Las estimaciones serias lo sitúan en una horquilla entre el 25% y el 27%, siempre por detrás del PP, lo que haría inalcanzables sus actuales 120 escaños.

Que las tropelías institucionales de Sánchez y el empobrecimiento de las clases medias solo le supongan hasta ahora un sacrificio de dos o tres puntos, dice más de la impericia de una oposición errática que de su acierto como gobernante. Ni Feijóo se aproxima a la posición resueltamente ganadora que tenía Rajoy un año antes de las elecciones de 2011, ni el partido de Sánchez está tan desahuciado como lo estaba entonces el PSOE.

• Unidas Podemos también retrocede respecto a su resultado anterior. Con el 10-11% que le otorga el promedio de las encuestas, padecería de lleno la maldición histórica de Izquierda Unida: en más de 35 circunscripciones, sus votos resultarían improductivos. No digamos si, además, se fracciona.
• Vox se ha hecho fuerte en la zona del 15-16%, que le permite consolidar la presencia parlamentaria que obtuvo en 2019 y lo refuerza como socio imprescindible del PP para cualquier alternativa de gobierno.
• Ciudadanos ya solo aspira a una muerte digna, aunque la vanidad inexperta de Edmundo Bal podría convertir el entierro en un penoso lodazal.

Con todo, la clave de esta y otras encuestas similares sigue estando en el juego de los bloques. Descartada cualquier fórmula transversal, solo parece haber dos fórmulas posibles de gobierno: la de Frankenstein y la de Godzilla. Pues bien, con todas las oscilaciones que se quiera entre unas y otras encuestas (más notorias en los titulares con que se presentan que en los datos), Feijóo y su socio necesario siguen estando hoy más cerca de alcanzar el poder que Sánchez y los suyos de conservarlo, lo que en absoluto significa que la competición esté resuelta (insisto, comenzará a estarlo en junio, cuando se reparta el poder territorial). 

El dato más indicativo de esta penúltima entrega del Observatorio Electoral es que, más allá de los constantes y cuantiosos intercambios de votos dentro de cada bloque, puede calcularse que algo más de 700.000 votantes de la izquierda, en su mayor parte procedentes del PSOE, transitarían hoy a la derecha. En la dirección contraria, solo 116.000 votantes de la derecha pasarían a la izquierda. 

Eso desequilibra la situación más que ninguna otra cosa. Hace mucho tiempo que la suma de las izquierdas de ámbito nacional (PSOE, UP y Más País) no logra superar la cota del 40%, mientras la suma de las derechas (PP, Vox, Cs) está confortablemente instalada en la franja entre el 45% y el 50%. Por consistente que sea la aportación nacionalista, la izquierda está obligada a invertir esa tendencia si aspira a permanecer en el Gobierno, y no se vislumbra de qué forma podría corregirse en seis meses lo que viene siendo una corriente de fondo durante toda la legislatura. Pero mantenerse o crecer únicamente a costa de su socio principal no es solución para Sánchez, como no lo es fantasear con una mayoría en la que cupieran desde Revilla y Ana Oramas hasta Otegi, Puigdemont y la CUP.