El Partido Socialista Obrero Español es una organización inerte cuya funcionalidad se limita a comportarse como una plataforma de poder de Pedro Sánchez, su secretario general. Esta constatación no es tanto la formulación de una crítica —que también—, sino la evidencia de que los partidos socialistas europeos han dejado de tener el sentido que tuvieron. Algo parecido, aunque distinto, le ocurre a la derecha, que desde el siglo pasado hasta el presente se ha ido reformulando. Los conservadores se han escorado a la derecha, los democristianos son testimoniales y los liberales —sean alemanes o británicos— aparecen y desparecen como un Guadiana político. 

El «no es no» de Sánchez lo era a Rajoy, pero también lo era a la nomenclatura del PSOE a la que le devolvió la humillación 

A la izquierda le ocurre igual. El socialismo francés se ha refugiado bajo el paraguas de La Francia Insumisa, también ahora en dificultades; el italiano no existe; la socialdemocracia alemana se encuentra en un momento crítico compartiendo el poder con liberales y verdes; y, en Suecia, gobierna la derecha con el apoyo de la extrema derecha. Las izquierdas se han radicalizado —también el socialismo— como las derechas y hasta el último bastión —Portugal— ofrece un panorama que se está deteriorando pese a la mayoría absoluta con la que gobierna el partido de António Costa.

Sánchez se venga del PSOE

A Pedro Sánchez le interesa el poder como a cualquier político. Pero su instinto hipertrofiado le está advirtiendo de que las siglas del PSOE y, sobre todo, la proyección futura de la organización, ya no pueden ser una continuación prospectiva de lo que fue desde 1982 a 2018, cuando él, reventando las cerraduras de la Constitución, logró que prosperase una moción censura que los constituyentes españoles diseñaron para exigir responsabilidades políticas al Gobierno y a su presidente. La forma en la que Sánchez —que en junio de 2018 no era diputado— se desembarazó de Mariano Rajoy y del Gobierno del PP fue en realidad una venganza en diferido a su obligada renuncia en 2016 ante el Comité Federal del PSOE que, para evitar unas terceras elecciones, ordenó que su grupo parlamentario se abstuviese en la investidura del gallego. El «no es no» de Sánchez lo era a Rajoy, pero también lo era a la nomenclatura del PSOE a la que le devolvió la humillación de su apartamiento ganando las primarias en 2017 a la candidata oficial, la andaluza Susana Díaz. 

La colaboración con Junqueras se basa en la impunidad y en el apoyo del PSC al Gobierno que dirige Pere Aragonès 

En Sánchez, hasta el 10 de noviembre de 2019, pelearon dos almas: la tradicional, que era la que padecería insomnio con ministros de Podemos en la Moncloa y haría cumplir las sentencias íntegramente; con la novísima, que le impulsaba a quebrar las convenciones políticas anteriores a la actual crisis de las democracias liberales y aproximarse a los populismos emergentes. Y lo ha hecho desde entonces hasta ahora con la cautela necesaria para presentarse como un líder socialdemócrata y actuar como un populista.

La consolidación del nuevo bloque de poder

Por más protestas que haga en sentido contrario, Sánchez y el PSOE han creado un bloque de poder adoquinado en el izquierdismo posterior a dos crisis sistémicas —la de 2008 y la actual— y en la plurinacionalidad, abdicando de resolver la cuestión territorial en España —una cuestión jamás solucionada— conviviendo rentablemente con el segregacionismo de los independentistas catalanes y vascos juntando sus efectivos parlamentarios. Esta legislatura, que acaba de entrar en su cuarto año, ha consolidado ese bloque que tiene vocación de permanencia y, por lo tanto, aspirará, por separado, a repetir en el poder. 

Ni Sánchez ni nadie sabe cómo resultarán las elecciones municipales y autonómicas, pero, si le fuesen favorables a la llamada mayoría de la investidura, España mudaría de piel constitucional sometida al vértigo iconoclasta de un Sánchez que desde 2018 ha demostrado su desarraigo en los valores que millones de españoles, aunque cada vez menos —debido a nuestra convulsa historia— apreciábamos como insustituibles: el acuerdo, la unidad, la reconciliación. Es decir, al cortejo de atributos de una Transición que una parte de la izquierda, los nacionalismos y los independentismos —nietos todos de aquel tránsito— han interiorizado como una derrota o, más exactamente, como la última victoria del franquismo.

Los dos socios: Junqueras y Otegi

Pedro Sánchez ha sido muy sistemático en la construcción del nuevo bloque de poder, cuya inspiración se debe más a Pablo Iglesias que a él. Ha seleccionado, de entre la gama de independentistas catalanes, a los más eficientes, que, después de la autodestrucción de CiU, son sin duda los republicanos. No solo los ha indultado parcialmente de las condenas de prisión por el golpe de 2017, sino que, en la práctica, pretende satisfacerles también con una amnistía encubierta con la supresión del delito de sedición y —ya veremos si el Supremo lo asume— de la malversación sin lucro personal, aunque con desvío de fondos a fines ilegales. Intenta el presidente del Gobierno que Junqueras, su socio en Cataluña, pueda recuperar su condición de elegible en cualquiera de los comicios que se van a celebrar y librar a sus muchos colaboradores que están pendientes de juicio en Barcelona. 

La transferencia de instituciones penitenciarias al País Vasco acaba con la dispersión de etarras, que es lo que exigía Otegi 

Al tiempo, la consigna es que Salvador Illa, primer secretario del PSC, facilite in extremis los presupuestos de la Generalitat a Pere Aragonès —un actor secundario en esta película— y que, andado el tiempo, después de las generales en el conjunto de España, unas nuevas elecciones en Cataluña permitan un Gobierno bipartito o tripartito, pero con los comunes, nunca con los exconvergentes. Illa sostuvo en El Confidencial que intentaría un Gobierno en solitario si obtuviese entre 40 y 42 escaños (de 135 en el Parlament), pero tal pretensión se antoja inverosímil. El PSC en este puzle es un factor esencial. Por todo esto, el pasado jueves, Félix Bolaños quiso tranquilizar a los que observan con inquietud la política catalana del Gobierno —Garcia Page, Lambán y otros en tono menor— persuadiéndolos de que Cataluña es «un activo electoral» para los socialistas. 

Es verdad que la consulta —el referéndum— no parece que pueda abordarse en esta legislatura, pero lo hará la siguiente si Sánchez puede repetir en la Moncloa. ERC le apoyará siempre ante la eventualidad de una alternativa que incluya a Vox, ingrediente inevitable de una mayoría de derechas en la que el PP llevaría la voz cantante, pero haciendo coro con Abascal y los suyos. Es obvio que Sánchez y Junqueras tienen motivos para estar más cercanos que el republicano a Puigdemont, de tal manera que —con los comunes de por medio— el PSC-PSOE apoye una de las patas de su trípode de poder en la Cataluña, que llegará a la independencia práctica por omisión —por la ausencia de España—, cosa que ya han logrado los secesionistas vascos.

Sánchez, entre Otegi y el PNV

En Euskadi, Sánchez ha sellado también con Otegi un entendimiento consistente. Ya lo dijo el coordinador de Bildu: votamos los presupuestos, sean cuales fueren, a cambio de la salida de los presos. La operación que ha montado la Moncloa para que la coalición obtuviese progresivamente el objetivo de sacar a los etarras a la calle ha sido sutil: el Gobierno ha transferido a la comunidad autónoma vasca la gestión de las instituciones penitenciarias —competencia que antes solo tenía Cataluña— y el PNV se ha encargado de ir pautando los terceros grados. 

Ahora el 92% de los presos de ETA está ya en cárceles del País Vasco y Navarra: 73 en Zaballa, 40 en Martutene y 32 en Basauri. Quedan 14 internos en otras cárceles fuera de esas comunidades. De las 32 progresiones de grado que se han concedido, la Audiencia Nacional ha recurrido 22. De momento ha revocado seis, ha inadmitido cuatro y están pendientes de resolver 12 recursos de la Fiscalía. Según el Observatorio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), desde que Sánchez llegó a la Moncloa se han aprobado 370 traslados al País Vasco y Navarra. Casi un centenar de los presos desplazados allí están condenados por delitos de sangre. 

Sánchez tiene tres leyes para brindárselas a UP: la de Vivienda y la reforma de Seguridad Ciudadana o mordaza y la de bienestar animal 

Puede afirmarse que la política de dispersión —establecida en los años 90 por gobiernos socialistas— ha concluido o está en fase de hacerlo. Arnaldo Otegi —que controla la coalición (Bildu) y que es el líder indiscutible del su núcleo duro (Sortu)— es el tercer hombre en el eje del poder que se ha creado. A través de sus cinco escaños, siempre o casi siempre sumados a los 13 de ERC, han contribuido a sacar adelante distintas propuestas normativas al PSOE y Unidas Podemos, que en el País Vasco —a modo de laboratorio— acaba de solicitar un referéndum sobre la monarquía. 

Son sustanciales para Bildu —que es el abertzalismo alternativo al PNV— dos movimientos de ajedrez de posible alto rendimiento electoral. Por una parte, la coalición está siendo reconocida en Madrid como interlocutora válida a todos los efectos y, al mismo tiempo, su proximidad con los republicanos catalanes llega a una cercanía llamativa: Junqueras y otros líderes de ERC ya se pasean en las cabeceras de las manifestaciones a favor de los presos etarras en las calles de San Sebastián y Bilbao. Cierto es que el PSOE y Sánchez tienen un problema en el País Vasco: conciliar su simpatía por Bildu y mantener al mismo tiempo la relación con el PNV.

De momento, el Gobierno de coalición ha optado por repartir concesiones. Las sociales se las anota Bildu y las económico-financieras, los nacionalistas. Así, la segunda pata del trípode del poder de Sánchez se ancla en Euskadi, aunque los nacionalistas sabinianos son un tanto imprevisibles, si bien acostumbran a ir en socorro del ganador. Y una alerta: a Bildu le está saliendo un divieso comunista con la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), un grupo juvenil muy avezado en la movilización y con vinculaciones con la organización secesionista catalana Arran y que impugna a Bildu por su oficialismo.

¿Irene Montero o Yolanda Díaz?

Pedro Sánchez tiene dos problemas, uno encauzado y otro por resolver. El primero es desembarazarse del PSOE histórico. Lo está haciendo con sistemática y eficiencia. Ha expulsado a Joaquín Leguina, un hombre de clara trayectoria socialista y que fue el único que ha logrado, con Juan Barranco, resultados en Madrid, de cuya comunidad fue presidente entre 1983 y 1995, y ha dejado perplejas a las dirigentes del movimiento feminista del socialismo español. Nadie en el partido ha dicho ni media palabra al respecto. Véase la imagen: Carmen Calvo sentada en su escaño tras abstenerse en la llamada ley trans. Sánchez corre riesgos y ha preferido darle a Irene Montero —o sea, a Podemos— dos leyes (malas), la de Garantía Integral de Libertad Sexual y la ley trans, antes que satisfacer los criterios de coherencia absoluta con su trayectoria de las mujeres socialistas, desde Ángeles Álvarez a Amelia Valcárcel. 

En el partido no hay histórico que valga, porque los que había —si bien jóvenes—, como Oscar López y Antonio Hernando, los ha captado para su causa con la misma facilidad con la que Patxi López ha regresado a secundar a su otrora competidor en las primarias por la secretaría general.

Ley de vivienda, de seguridad y de bienestar animal

Falta todavía una persona en el nuevo eje de poder que intenta el presidente del Gobierno: quién será, en sustitución de Pablo Iglesias, su interlocutor/a y que encarne lo que hoy se denomina izquierda a la izquierda del PSOE. La impresión de que Irene Montero y Yolanda Díaz son incompatibles aumenta, aunque al final quizá se imponga la tesis de Juan Carlos Monedero: la correlación de fuerzas les unirá para que no se reproduzca el trastazo andaluz del 19-J. O para evitar la «tragedia», como enfatizó el jueves Pablo Iglesias. Pero este es el aspecto que más preocupa a Sánchez y a sus estrategas. Si se les «cae» su izquierda en las municipales y autonómicas, perderán poder territorial, y, si no se logran aunar para las generales, la repetición de la mayoría de investidura no sería posible. 

Si no gana las elecciones, Sánchez no estará los miércoles en el Congreso en la sesión del Congreso para preguntarle a Feijóo 

¿Qué hacer? Sánchez tiene algunas bazas interesantes: por una parte, la ley de vivienda, que es un oscuro objeto de deseo para los morados y el PCE de Yolanda Díaz —toda una intervención en la propiedad privada— y, por otro, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 —ley mordaza— que escarnece a la izquierda con los supuestos privilegios que disfrutan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su obligación represora. Sin olvidar la ley de bienestar animal que Unidas Podemos apadrina con tesón. 

Allá por el mes de junio vencerá buena parte del escudo social. Entonces, Pedro Sánchez, después de acordarlo al alimón con Díaz y Montero, se concertará con sus socios Otegi y Junqueras, y darán una vuelta de tuerca a su discurso social, que es el del subsidio, pero no el de las reformas estructurales. La que él y sus socios tienen en mente va mucho más allá y enfila a un proceso constituyente. Que no se hará a porta gayola, sino mediante las técnicas iliberales propias de las mutaciones constitucionales. Y, si no gana las elecciones, la comunidad internacional le espera. Él no será quien le pregunte a Feijóo en las sesiones de control de los miércoles en el Congreso.