Y digo “articulación” y “sentido” porque con ese artilugio jurídico-fiscal con el que, en principio, solo se trataría de cuadrar las cuentas de toda España incluidas las de unas comunidades autónomas, la vasca y la navarra, que, como sabemos, no pagan sus impuestos a la Agencia Tributaria sino a sus respectivas Diputaciones vascas y Comunidad foral navarra, lo que tenemos por delante es la historia de la construcción del Estado en España desde el siglo XIX para acá.

A mí me gustaría, como ciudadano vasco, hacerme entender por un señor de Vox o de Ciudadanos, los dos partidos que se erigieron en contra de esta reciente aprobación. Y decirles, de paso, que tienen toda la razón en una parte de su discurso pero que, en cambio, yerran en cargar contra los instrumentos políticos (Concierto vasco y Convenio navarro) que están en juego y que forman parte de la historia de España, como lo es la Constitución Española que nos rige.

Tienen toda la razón en cargar contra el nacionalismo vasco, porque está utilizando de una manera ilegítima tanto el Concierto como el Convenio. Concretamente el Concierto, porque el PNV apenas tiene presencia en Navarra. Pero también habría que cargar contra los Gobiernos españoles que lo han permitido y fomentado. Y estaría por ver si ellos, en el supuesto improbable de que alcanzaran el Ejecutivo, no harían lo mismo que sus antecesores.

¿Por qué el nacionalismo utiliza ilegítimamente esos instrumentos? Para empezar, porque no tiene la humildad de reconocer que no tuvo ni arte ni parte en su origen; en 1878, fecha del primer concierto, el PNV ni estaba ni se le esperaba. Y, para terminar, porque nadie en el resto de España se lo recuerda con la contundencia necesaria.

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Segundo, porque ni siquiera los llamados “derechos históricos” que se aducen en su defensa tampoco fueron obra del nacionalismo vasco.

La primera vez que surge este concepto es por una reclamación ante el Gobierno de España, concretamente ante su presidente entonces, Manuel García Prieto, de una comitiva vasca formada por los presidentes de las tres diputaciones y los representantes vascos en las Cortes Generales, para obtener más autonomía foral para sus diputaciones. Y eso fue en diciembre de 1917, cuando el Gobierno vasco tampoco existía ni se le esperaba, y cuando en aquella comitiva de una docena de miembros solo había un representante nacionalista, el presidente entonces de la Diputación de Vizcaya, Ramón de la Sota Aburto.

Tercero, porque el régimen de conciertos económicos es un producto genuino de la foralidad vasca, que siempre fue profundamente española.

Más concretamente de las diputaciones provinciales vascas y no del Gobierno vasco, que es un producto exótico en la política vasca, surgido del Estatuto de Autonomía, por intereses comunes de socialistas (Prieto) y nacionalistas (Aguirre), que desde el principio quiso laminar las competencias y sobre todo la importancia política e histórica de sus diputaciones.

«El nacionalismo usa el cupo en el juego de mercadeo y captación de competencias con el que fue construyendo su ensoñación de Estado propio»

Cuarto, porque a pesar de que el nacionalismo no tuvo nada que ver (es más, los repudió) con el origen y primer desarrollo de los conciertos económicos, que hoy son la joya de la autonomía vasca, a partir de 1978 se los quiso apropiar como suyos y utilizar el cupo en el juego de mercadeo y captación de competencias con el que fue construyendo su ensoñación de Estado propio. Un juego en el que han entrado de cabeza, de una manera irresponsable y haciendo alarde de papanatismo pronacionalista los dos partidos españoles que han formado todos los Gobiernos, PSOE y PP, con el antecedente de UCD.

Quinto, porque ese papanatismo pronacionalista vasco llegó a tal nivel de esplendor por parte de los políticos españoles, que en la negociación de la Constitución de 1978, cuando el nacionalismo vasco por boca de Mitxel Unzueta y Xabier Arzalluz (ambos fallecidos), y con la inestimable ayuda de Miguel Herrero de Miñón (hoy venerado por el nacionalismo vasco, hasta por el propio Ibarretxe, a quien asesoró en su Plan), jugaron a fondo la carta de la foralidad.

Una que no les pertenecía, porque no era suya y porque además su propio fundador, Sabino Arana, la repudió siempre por españolista (que es lo que era), hasta el punto de que obtuvieron así en las Cortes Generales una compensación que probablemente constituye, con la perspectiva que nos da el tiempo, la mayor aberración de la historia de la jurisprudencia política española.

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Me refiero al punto 2º de la Disposición Derogatoria de la Carta Magna, que proclama, por un lado, la abolición de la ley foral de 25 de octubre de 1839, producto genuino del liberalismo foral vasco, en sintonía con el liberalismo moderado español y que es la que conformó las diputaciones forales vascas durante todo el siglo XIX.

Y, por otro lado, la abolición de la ley de 21 de julio de 1876, que está precisamente en la base de la aprobación de la primera ley de conciertos de 1878. Hasta tal punto llegó ese papanatismo español pronacionalista, que no les importó satisfacer una demanda histórica del nacionalismo, como es la de la abolición de ambas leyes, con tal de obtener el refrendo del PNV para aprobar la Constitución.

Pues ni por esas el PNV pidió el voto favorable para la misma. Y ahí sigue, la Disposición Derogatoria 2ª, luciendo para vergüenza de la clase política española.

Y sexta, porque los verdaderos titulares de la foralidad y del concierto económico vasco, el centro-derecha vasco, fue sistemáticamente machacado por ETA en los años setenta, asesinando a varios de sus principales representantes y poniendo en fuga a sus cuadros y amedrentando a sus votantes. Así fue como el PNV se apropió de la foralidad vasca y la convirtió en rehén de su actual política.

Hoy diputados del PSOE y del PP de otras comunidades autónomas diferentes al País Vasco votarán a favor de menos recursos para sus territorios.

🏛 @InesArrimadas «El cuponazo vasco es lo más retrógrado, clasista y lo menos progresista que se produce en España cada cinco años» pic.twitter.com/Sd69YX4aOb

— Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) February 23, 2023

Junto a estas razones de historia política española y vasca, existe otra razón que es la propiamente nacionalista y por la que la aprobación de esta ley de renovación del cupo, que se realiza cada cinco años, resultaba un momento especialmente propicio y adecuado para ponerle al nacionalismo vasco las cartas sobre la mesa.

Inés Arrimadas lo intentó con un discurso valiente, de los mejores que le hemos escuchado. Pero a mi juicio se quedó corta, porque no supo sacar a relucir toda la trascendencia e importancia que esa aprobación tiene para la política del PNV. Porque el cálculo de ese cupo mínimo a detraer de los impuestos de la ciudadanía vasca por los servicios del Estado no cubiertos por la autonomía (básicamente el ejército y la diplomacia) es la piedra angular de toda su actuación política.

O dicho en términos técnicos: de esa negociación consigue el PNV nada menos que la legitimidad de su actividad política, lo que lo convierte en un partido de gobierno en el País Vasco y decisivo en el Gobierno de España.

Me explicaré recurriendo al difunto Joseba Arregi, consejero de Cultura y portavoz en los gobiernos de José Antonio Ardanza, que luego abandonó la militancia nacionalista y se convirtió en extremadamente crítico con su expartido.

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En el estudio que hizo en 2013 de la historia política del PNV, dejó clara la única fuente de legitimidad actual con la que se ha quedado este partido en la política española. Recordemos que estamos ante un partido que, en un principio, solo apoyaba el Estatuto de Autonomía de 1979. Pero que, a la vez, hacía gala de haberse abstenido en la aprobación de la Constitución, que es justamente la fuente de legitimidad del Estatuto.

Luego se permitió cuestionar también el propio Estatuto, primero con el Plan de Ibarretxe y ahora con un fantasmagórico concepto de Nación foral de Urkullu y la no menos fantasmagórica propuesta de “nuevo estatus” de Ortuzar, que lo único que pretenden es seguir mareando la perdiz para, desde el poder omnímodo que ostentan en Euskadi, contrarrestar ante sus bases la pujanza en favor de la independencia de la izquierda radical.

En palabras de Arregi:

“Con una producción de riqueza de la sociedad vasca superior a la media del resto de España en un 32-33%, el gasto público por habitante en Euskadi es más del 60% superior a la media en el resto de España. En esos treinta puntos diferenciales es donde se encuentra ubicada la comunidad de bienestar que sirve de base legitimadora del poder autonómico. El sistema estatutario, con el factor fundamental no del Concierto Económico, sino de la forma en que se concreta en el cupo, se ha ido desarrollando de tal manera que ha producido lo que denomino la comunidad de bienestar que es hoy la sociedad vasca en comparación con el resto de España”.

«Ya me gustaría saber cuánta gente apoyaría al nacionalismo vasco si viera que el nivel de vida aquí no fuera superior al del resto de España»

La única fuente de legitimación del poder nacionalista vasco, que es la determinación del cupo, se ha colado así, una vez más, por un procedimiento abreviado, sin posibilidad de enmiendas, junto con otras dos leyes más, casi de tapadillo, en las Cortes Generales. Ya solo falta el trámite del Senado.

De este modo, el PNV y el nacionalismo vasco en general, desde un poder incontestable en las instituciones locales, forales y autonómicas vascas, extrae de la economía española un superávit para mantener un nivel de bienestar en educación, sanidad y asuntos sociales muy superior al resto de España, pero que a la postre es mucho mayor aún que el que indica Arregi, puesto que no se incluye ahí el pago de las pensiones (las más altas de España) de su población cada vez más envejecida.

Por eso, cuando desde el PNV se amaga con tocar la caja común de la Seguridad Social, estaríamos ante un farol propio del mus. No sólo denunciable, también obsceno.

Para terminar, quisiera hablar ahora como ciudadano vasco que se siente profundamente español y que observa esta situación sintiéndose directamente afectado.

Conozco la diferencia entre los servicios de asistencia social a los mayores en el País Vasco y en el resto de España, porque he tenido a mis padres en ellos. Conozco también el nivel de asistencia sanitaria y las inversiones en educación que hay aquí.

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¿Qué puedo hacer cuando compruebo la diferencia respecto de otras partes de España?

Como español me parecen injustas, obviamente. Ya me gustaría a mí saber cuánta gente apoyaría al nacionalismo vasco si viera que el nivel de vida aquí no fuera superior al del resto de España, como ocurre ahora. Esa es la fuente de legitimidad de la que habla Arregi, la única que tiene el nacionalismo vasco para una gran parte de la población sobre la que gobierna.

La pregunta es: ¿sacrificaríamos en el País Vasco nuestro nivel de bienestar con tal de ser como el resto de los españoles? ¿Cuántos en el País Vasco estaríamos dispuestos a hacerlo? Solo hace falta que nos fijemos, el próximo 28 de mayo, en los resultados de las elecciones municipales en el País Vasco para comprobarlo.

Y, por otra parte, los españoles que viven fuera del País Vasco y nos observan desde allí, ¿por qué no exigen día y noche, de manera contumaz, persistente, incansable, que lo que reciben del Estado se equipare lo más posible a lo que reciben los vascos por el mismo trabajo y los mismos impuestos? Seguramente porque el beneficio que recibirían de ese esfuerzo, si la población vasca redujera sus beneficios, sería mínimo, casi insignificante, dado el porcentaje que supone el País Vasco para el conjunto de España.

*** Pedro Chacón es profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU y autor del libro Sabino Arana: padre del supremacismo vasco.