El Gobierno vasco lleva varios años planteando la reforma del sistema de perfiles lingüísticos, una normativa que regula las condiciones de acceso a miles de puestos de trabajos públicos y también no pocos empleos en empresas privadas, especialmente en subcontratas del sector público. Desde la asociación Euskara Denontzat, por un euskera sin barreras, intentamos promover un debate constructivo sobre la política lingüística en clave de convivencia plurilingüe, y hemos querido contribuir con una serie de aportaciones concretas. Pero, lamentablemente, hemos sabido que todas nuestras propuestas han sido rechazadas por la viceconsejería de Política Lingüística, pese a su razonabilidad y justificación.

Dos de ellas pretenden reconocer oficialmente conocimientos de euskera que no están recogidos de ninguna manera en la actualidad: los denominados perfiles asimétricos y los niveles A1 y A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Durante décadas la única manera de acreditar el conocimiento del euskara ha sido hacerlo simultáneamente en las cuatro destrezas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir). Pero hay muchas personas que son capaces de entender una lengua pero no de hablarla, o que la hablan, pero no tienen una capacitación específica para escribir en ella. Queremos que se entienda y se valore debidamente este conocimiento asimétrico. Por ello hemos propuesto que sea posible certificar de manera diferenciada cada una de las destrezas. Lamentablemente, el Gobierno vasco pretende abrir la puerta solo al examen diferenciado de habla y escritura, lo cual es un avance, pero al mismo tiempo niega la realidad de un 20% de la sociedad vasca que entiende euskera, pero que no es capaz de hablarlo con soltura.

Además, pedimos que se valoren los niveles A1 y A2, hoy alcanzados por miles de personas, con el objetivo de acreditar una diversidad de conocimientos de euskara que no tienen ningún tipo de reconocimiento oficial, y lo que desanima su aprendizaje. Sin embargo, para la Administración, alcanzar este nivel de conocimiento no supone ningún mérito.

Además, en Euskara Denontzat hemos propuesto que los exámenes de euskara sean de evaluación continua en los propios euskaltegis, sin tener que pasar por pruebas masivas en amplios espacios. De hecho, el mencionado MCER señala que esos exámenes en los que todo se juega en un solo día «provocan traumas y favorecen a determinados tipos de alumnado». Hay alternativas mucho más útiles e inclusivas, más allá de reconocer que los profesionales de la enseñanza de euskara tienen la capacidad sobradamente probada de evaluar en los propios centros, en un clima mucho más favorable para el alumnado.

Otra propuesta rechazada por el Gobierno vasco consiste en racionalizar y mitigar la creciente conflictividad sobre las necesarias exigencias lingüísticas, tanto por exceso como por defecto. Excesivas en muchas administraciones locales y forales, sin embargo son denunciables por inexistentes en la Administración General del Estado en Euskadi. Para ello hemos planteado que se mida con perspectiva lingüística la demanda ciudadana real de los distintos servicios públicos, para así establecer una proporción adecuada de puestos con perfil obligatorio.

Asimismo, hemos planteado que la valoración como mérito sea razonable y no una barrera distorsionadora. No tiene sentido, por ejemplo, que falte personal sanitario para atender en euskera en centros de salud de localidades donde se usa mayoritariamente el euskera, y que, a la vez, una puntuación excesiva haga que quien posea perfil lingüístico tenga preferencia casi absoluta para puestos de atención solo en castellano. Un sinsentido doble, contra los derechos lingüísticos de la ciudadanía y contra la igualdad de oportunidades de los trabajadores y trabajadoras.

Finalmente, hemos pedido un cambio para aquellos que trabajan en empresas privadas subcontratadas por el sector público, que consiste en facilitarles ayudas para cursos y liberaciones para el aprendizaje del euskara. Pero ni una sola de estas propuestas ha sido aceptada por el Gobierno vasco. Algo más que un gesto de exclusión en la política lingüística.

Creemos que una política lingüística razonada y que conjugue la realidad idiomática con el deseo de recuperación y euskaldunización de la población vasca requiere una visión más amplia que la mera exigencia de niveles inamovibles; que se pueda adaptar realmente al derecho y a la necesidad de comunicarnos en euskera de manera más natural, especialmente en la comunicación oral. La sociedad es cambiante y, en cuanto a políticas lingüísticas, se pueden y se deben dar pasos para una normalidad comunicativa sin crear rechazos e injusticias que acarrean perjuicio al idioma que queremos promocionar.