Vivimos tiempos políticos esperpénticos.

En estos días, el candidato cuyo partido obtuvo más votos en las elecciones del pasado 23 de julio acude a una investiduraAl reclamarla, olvidaba que el sistema político español no se rige por reglas mayoritarias, pues afortunadamente se desechó la ocurrencia de Manuel Fraga en el debate constitucional (cabe imaginar cuáles hubieran sido sus desastrosos resultados para la estabilidad democrática en circunscripciones como Gipuzkoa, Lleida o Girona). Nuestro sistema es proporcional y quien ocupe la presidencia del Gobierno dependerá de la decisión de una mayoría de diputados en el Parlamento.

Sabemos que Alberto Núñez Feijóo dispone del respaldo de Vox y suponemos que el del conjunto del PP. Con ese número de escaños no puede formar Gobierno. Él, sin embargo, exigió tener la iniciativa para intentar ser investido. Ese derecho, legítimo, le fue concedido. Desde el 23 de julio, sigue contando tan solo con el apoyo de PP y Vox (además de UPN y Coalición Canaria). Pero no consta ninguna propuesta relevante sobre qué haría en el caso de ocupar el poder. No conozco ningún precedente digno de un candidato a ser presidente que no presente las propuestas de un programa de gobierno.

De vez en cuando, lanza insinuaciones de forma avergonzada. Por ejemplo, tender la mano a tránsfugas del PSOE o afirmar que quiere dialogar con Junts per Catalunya. Tendría que explicar cómo quiere corromper a diputados socialistas o qué reivindicaciones del independentismo catalán está dispuesto a conceder.

Existen precedentes poco estimulantes en la historia política del PP. Siendo presidente de un Gobierno minoritario, José María Aznar calificó a ETA como “Movimiento Vasco de Liberación Nacional” en noviembre de 1998, permitiendo el acercamiento a Euskadi de más de 180 presos de la organización terrorista. Por detrás estaba su búsqueda del apoyo del PNV. Asimismo, para adornar de forma exótica el apoyo de CiU (la organización precursora de Junts per Catalunya) a su Gobierno, Aznar declaró que “hablaba catalán en la intimidad”. Convergència i Unió había apoyado con anterioridad a Adolfo Suárez en la construcción del sistema autonómico. Y, posteriormente, a Felipe González cuando el PSOE ganó las elecciones en 1993 sin disponer de mayoría en el Congreso.

Echando la vista atrás, no cabe olvidar que el 90,5% de los catalanes respaldó la Constitución en el referéndum del 6 de diciembre de 1978 (un porcentaje superior a la media en España, un 87,9%). Asimismo, un 88,5% de los catalanes apoyó el Estatuto de 1979. En el marco de la Constitución, Cataluña se ha regido por dos Estatutos: uno, de 1979; otro, de 2006.

Un índice de autoridad regional (Assessing Regional Authority, Oxford University Press, 2010) mostraba que España es el Estado más descentralizado del mundo, tras Alemania. Cuestión distinta es la autonomía en términos comparados. La Constitución de 1978 distingue entre “nacionalidades” (supuestamente, el País Vasco Cataluña y Galicia) y “regiones” (las 14 restantes comunidades autónomas). La asignación de competencias siguió las líneas de lo que se ha denominado “café para todos”. Cabe sospechar que parte del descontento catalán no deriva solo de sus niveles absolutos de autogobierno, sino de sus niveles “relativos”: es decir, de exigir más autogobierno que las “regiones”. No solo se reivindican derechos, sino también que los demás no los tengan. Es verdad, sin embargo, que en Alemania Baviera tiene mayor autogobierno que los demás länder.

Pero en estos momentos las reivindicaciones políticas de los partidos catalanistas no tienen que ver solo con niveles de autonomía, sino, como todos sabemos, con demandas de gracia por los hechos cometidos durante el periodo 2016-2018. Pedro Sánchez concedió en el año 2021 un total de 50 indultos, entre ellos a los dirigentes catalanes con penas por el pronunciamiento independentista. La medida de gracia fue ampliamente criticada. Ahora bien, bajo el Gobierno de Felipe González se concedieron 5.944 indultos y bajo el Gobierno de José María Aznar otros 5.948. Habría que estimar si todas esas medidas de gracia tenían mayor justificación democrática.

En estos momentos, además, se discute si cabe una extensión de las medidas de gracia a más ciudadanos catalanes y a policías implicados en el conflicto provocado por la declaración unilateral de independencia. Se desconoce qué figura jurídica adoptarán tales medidas. Sabemos que un indulto general no cabe en la Constitución. Y se debate si cabe una amnistía.

La decisión, por supuesto, corresponde al Tribunal Constitucional. Este afirmó en 1983 que “debe ser el legislador el que determine el régimen jurídico de la amnistía, pues no hay restricción constitucional directa sobre esta materia”. Formaban parte de ese tribunal Francisco Tomás y Valiente, Francisco Rubio Llorente, Luis Díez-Picazo, Jerónimo Arozamena y Antonio Truyol.

Respecto de una medida de gracia que beneficiase a implicados en el conflicto del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, sí se deben discutir los aspectos políticos. En primer lugar, la extrema judicialización del conflicto, algo que ha reducido mucho el espacio de la política. En segundo lugar, cuál es la disposición de los implicados. Es decir, ¿cuáles son las condiciones políticas para conceder medidas de gracia (amnistía u otra) a los todavía implicados aquellos hechos? Cabe pensar que los dirigentes catalanes independentistas tendrán en cuenta tres consideraciones.

La primera es que, sea cual sea, la medida de gracia no borrará la calificación legal del delito. Es decir, otra declaración unilateral de independencia volvería a generar serias consecuencias penales.

La segunda, que un Gobierno del PP con Vox sería una catástrofe para España y para Cataluña. Si su apoyo electoral ha caído de forma estrepitosa, cabe imaginar que sufriría mucho si Junts per Catalunya se convirtiese en el responsable del acceso de Vox al poder.

La tercera, que las políticas de Pedro Sánchez respecto de Cataluña han reducido de manera drástica el apoyo al independentismo. Es sabido que, en las elecciones de julio de 2023, tanto ERC como Junts obtuvieron siete escaños: una suma de 14 frente a los 19 del PSC. El Centre d’Estudis d’Opinió (dependiente de la Generalitat) ha mostrado que la independencia era apoyada en julio de 2023 por un 43,8% de los catalanes, mientras que un 53,4% lo rechazaba. El Institut de Ciències Politiques i Socials (ICPS) reducía el porcentaje de apoyo a un 39%.

Sin duda, las políticas de Sánchez han influido en estos cambios en Cataluña. Y, también, estos cambios sugieren que abordar de forma política y no estrictamente judicial el problema catalán ofrece más luz al final del túnel. La cuestión radica en si los dirigentes independentistas aceptan la Constitución que los catalanes respaldaron; en si entienden que romper con España es romper con Europa; en si comprenden que los demócratas españoles no aceptarán nunca una escisión de Cataluña.

Paso a la última cuestión. El CIS lleva mucho tiempo ofreciendo datos que muestran que, con independencia de los resultados electorales, desde los años noventa entre un 65% y un 75% de los catalanes desean ampliar sus cotas de autogobierno. Tal vez la vía política podría ser una reforma de un Estatuto probablemente obsoleto. Pero esa vía política afecta también a la relación entre el PP y el PSOE. Dejado atrás este periodo de enfrentamiento, es imprescindible que se vuelvan a establecer lazos entre el Gobierno y la oposición. Puentes entre los dos partidos que pueden gobernar España resultan imprescindibles. Deben respetarse el poder del PP y los intereses de los ciudadanos que lo han votado. Los dos partidos pueden, lentamente, empezar a considerar si acaso, por los intereses de la democracia y de los ciudadanos, no conviene plantearse la revisión de algunos puntos de la Constitución que pueden haberse vuelto obsoletos. En ese caso, el PSOE tal vez podría retomar la propuesta federalista diseñada por Alfredo Pérez Rubalcaba y Ramón Jáuregui.

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