El endiablado reparto de escaños surgido del 23-J ha impedido la investidura de un presidente del Gobierno al cumplirse tres meses de las elecciones generales. Fracasado el intento de Alberto Núñez Feijóo a finales de septiembre, no existen indicios de que la parálisis en la que se halla la política nacional vaya a resolverse de forma inmediata dada la complejidad de las negociaciones entre el PSOE y el independentismo catalán. Ni la seguridad plena de que ese diálogo concluya con un acuerdo antes del 27 de noviembre, la fecha límite para evitar la repetición de los comicios. Un pacto que alumbraría un Ejecutivo de una más que incierta estabilidad al depender de todos los votos de todos los socios en todo momento, como ha advertido el lehendakari, Iñigo Urkullu.

La aritmética parlamentaria hacía presumible tal demora. Resulta difícil de entender, por contra, la congelación de la actividad en el Congreso, que en este periodo ha evitado las sesiones de control al Gobierno y ni siquiera ha constituido sus comisiones. Y peligrosa la tendencia a descalificar las instituciones que no se controlan: el Senado en el caso de la izquierda y el Tribunal Constitucional en el de la derecha.