Cuando Pedro Sánchez se vaya es probable que deje muchas instituciones dañadas. Algunas ya lo están, y de un modo que va resultar muy difícil repararlas. Pero hay una que quedará en perfectas condiciones para seguir cumpliendo su función constitucional, y es la monarquía parlamentaria que hoy presenta, con la jura de la Princesa de Asturias ante el Congreso, la garantía formal de la continuidad dinástica. La Corona ha atravesado, como todos los pilares de la política nacional, una década espinosa repleta de situaciones delicadas y no exenta de amenazas, pero llega a este momento neurálgico en un claro repunte de su estima ciudadana. El servicio militar de la heredera y su aparición en los actos del 12 de Octubre han disparado su popularidad y proyectado su relevancia incluso entre las generaciones más distanciadas o escépticas ante la legitimidad monárquica. La ‘operación Leonor’, el lanzamiento de su figura ante la opinión pública, ha superado las expectativas de cualquier campaña publicitaria. Y ese aspecto es vital en una institución de esencia simbólica cuyo asentamiento social está fuertemente vinculado a la representación emblemática.

Muchos españoles piensan que el Rey y el Trono corren peligro de convertirse en los siguientes objetivos de la dinámica de demolición populista del sanchismo. Por poca confianza que merezca el presidente, no hay indicios de ninguna estrategia en tal sentido. Ni los habrá, más allá de algún caprichoso achique de campo, mientras la Corona conserve el prestigio en que asienta su capital político. Además, el respaldo electoral de los socios republicanos del Ejecutivo ha descendido. La relación de Sánchez con Felipe VI no es cercana ni cálida pero se mantiene en los términos de respeto y sintonía funcional que exige el ordenamiento, aunque el Gobierno puede, debe y no quiere esforzarse en controlar los aspavientos antisistema de los ministros de Podemos. Y aunque desde luego las inquietantes alianzas con el separatismo irredento dibujen serios motivos de recelo.

En el contexto complejo de una evidente crisis constitucional, el juramento de lealtad de Leonor en las Cámaras es trascendente porque certifica un vínculo de estabilidad imprescindible ante el panorama de incertidumbre sobre el futuro de España. La sociedad es consciente de la integridad y la sensatez con que el monarca se ha manejado en circunstancias comprometidas, borrascosas y hasta dramáticas, y ahora percibe también la existencia de una sucesora capaz de generar de entrada una potente corriente empática. No es posible soslayar sin embargo la ausencia de Juan Carlos en el acto de esta mañana, la preterición incomprensible, dolorosa, injusta, del factótum primordial de la democracia. El resto de autoapartados se retratan a sí mismos en su sectaria mezcla de revanchismo e ignorancia. Ni se les echará de menos ni hacen puñetera falta.