Los jueces en nuestro entorno

La expresión «nuestro entorno» parece bastante clara: las democracias liberales. Más concretamente, si se quiere, los sistemas de los miembros de la UE, a los que se supone democráticos por haber pasado el duro examen de entrada, y contra cuyas desviaciones, en teoría, operarían las presiones de las instituciones –impidiendo, por ejemplo, el acceso a fondos de ayuda– o la autoridad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, «nuestro entorno» se ha invocado para tomar graves medidas ajenas, cuando no contrarias, a esa comunidad de valores. Un valor principal en democracia es el respeto a las reglas de juego. Es decir, el imperio de la ley. De las leyes nacionales, con la Constitución en el vértice de la pirámide, de las leyes europeas y de los tratados internacionales. No hay democracia real sin imperio de la ley, el sometimiento de todos y de todo al ordenamiento jurídico, incluyendo a los poderes públicos. Fuera de esa exigencia absoluta crecen las malas hierbas de la barbarie, se construyen las autocracias y avanza la tiranía. El curso que sigue el sanchismo se resume en la paulatina imposición de la desigualdad. En ese sentido, el sanchismo consiste en la salida de España del imperio de la ley.

También hay formas legales de debilitar la soberanía, como la eliminación del delito de sedición. Clama al cielo, por cierto, que ese desarme del Estado se justificara como una adecuación a las legislaciones de «nuestro entorno». Nada más lejos de la realidad. En todo caso, debilitar la soberanía y plantar impunidades de apariencia legal (como la concesión irregular, por arbitraria, de indultos a políticos que han cometido graves delitos) es la pista por la que luego avanzan modalidades abiertamente ilegales de impunidad selectiva. Siempre por razones políticas y siempre por interés del autócrata. A los que todavía no han entendido la inconstitucionalidad de la amnistía, quizá les entre mejor la idea si consideran que aquella se aprobará con el voto de las formaciones cuyos líderes se beneficiarán directamente de la medida. Una serie de políticos se perdonarán a sí mismos.

La aberración jurídica y ética es tan evidente que hay que ser francamente limitado para no verla. Pero ese no es el caso de la mayoría de defensores de la medida, un colectivo dedicado a la demolición del sistema cuyas consideraciones jurídicas no merecen el menor respeto por bastardas. Son consideraciones de parte. De estos sesgos militantes, los más sucios son (serán) los que procedan de órganos constitucionales, de instituciones donde la imparcialidad es consustancial, como el Tribunal Constitucional. Ni jerarquía normativa ni respeto a la división de poderes: mayorías absolutas reformando de facto la Constitución y señalamiento con insultos a jueces, con nombre y apellidos, en el Parlamento, amén de amenazas de juicios políticos. Por eso lo que pueden y deben hacer los jueces, en nuestro entorno, es no aplicar la ley de amnistía y presentar cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Nos va la democracia y, por tanto, la convivencia.