Así es muy difícil gobernar». Yolanda Díaz dixit. «Bien está lo que bien acaba». Pedro Sánchez Castejón. Los líderes de las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición PSOE-Sumar resumieron así el esperpéntico espectáculo que se vivió el miércoles en el primer gran pleno parlamentario del año. El Ejecutivo progresista pudo sacar adelante ‘in extremis’ dos de los tres reales decretos ley que sometía a la ratificación del Congreso, entre ellos el que incluye la prórroga de gran parte del escudo social contra la crisis, gracias a que Junts se abstuvo. No ocurrió lo mismo con el preparado por el departamento de Díaz, que contemplaba una mejora del subsidio de desempleo de 90 euros mensuales, que iba a beneficiar a 850.000 personas. Podemos, junto al PP y Vox, lo tumbó en lo que constituye la primera gran ‘vendetta’ de los de Pablo Iglesias contra la vicepresidenta.

Estoy bastante más de acuerdo con Yolanda Díaz que con el presidente. Y es que, más allá de que Sánchez comió ayer y dormirá las próximas semanas en La Moncloa, el pleno sólo acabó bien para el fugado Carles Puigdemont y su formación, Junts per Catalunya. El presidente afianza su imagen de superviviente, sí. Pero suma desgaste político, del PSOE y, lo que es más grave, del Estado. Su posición es hoy bastante más endeble de la que se pudo suponer cuando logró una reelección cogida con alfileres, tras perder las elecciones ante el PP de Feijóo.

La sesión dejó claras unas cuantas cosas relevantes. La primera, que no existe un bloque progresista. La mayoría de investidura la forman grupos de izquierdas, una formación claramente conservadora como Junts y otra de centro que bascula a derecha o izquierda a conveniencia, como el PNV. Además, en casi todos los socios prima el interés de partido y el de su comunidad.

Quienes pudimos suponer que la discutible promesa de la amnistía a los líderes del fallido ‘procés’ concedía un cierto colchón de tranquilidad al Gobierno comprobamos el miércoles que eso no es cierto. Da la sensación de que en Puigdemont y su círculo más cercano anida una clara animadversión al Estado y un interés por reventar sus cuadernas cada vez que puedan. Y Sánchez y el PSOE prefirieron volver a tragar antes que plantarse y verificar si la formación catalana lo sacrifica todo a la consecución final de la medida de gracia o no.

El PSOE ha cedido ya la amnistía a los catalanes, la Alcaldía de Pamplona a EH Bildu y ayer las balanzas fiscales y nada menos que las competencias en inmigración también a Junts. Un valioso regalo en su batalla con ERC. Y una invitación también a que los republicanos busquen ya su propia tajada, o a que PNV y EH Bildu hagan lo propio en su pugna política. Además de la confirmación de que Podemos, con casi todo perdido, puede ser el socio más volátil.

¿Las concesiones sociales del Gobierno Sánchez -que el PP sigue rechazando con sus votos- y la esperanza de que lleven a las clases medias y bajas a premiar a la izquierda en las urnas merecen el pago de semejante precio político? ¿Pesarán más que las discutibles cesiones al independentismo, que deterioran la imagen y el poder del Estado?