La convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña para el próximo 12 de mayo altera los tiempos de Pedro Sánchez para la legislatura y podría repercutir en la aprobación de la ley de amnistía y en la de los Presupuestos Generales del Estado, e incluso conducir a una convocatoria de elecciones generales anticipadas en otoño en función de cómo se resuelvan las dos incógnitas anteriores.
La decisión de Pere Aragonès ha tenido su origen en la negativa de los ‘comunes’ a dar su sí a los presupuestos catalanes tras no llegar a un acuerdo respecto al Hard Rock, un macrocomplejo de ocio que pretende construirse en el Camp de Tarragona. El Hard Rock ha provocado las protestas de algunas asociaciones y vecinos de la zona, y el rechazo radical del partido de Ada Colau y Jéssica Albiach.
La convocatoria catalana tendrá consecuencias en Madrid. En primer lugar, porque el enfado de ERC con los comunes se extiende también hasta el Sumar de Yolanda Díaz, a la que acusan de no haber sabido imponerse entre sus socios de plataforma.
O lo que es lo mismo, ¿qué incentivo tiene ahora ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado si el Gobierno no ha facilitado que se aprobaran los suyos y le ha obligado a adelantar las elecciones regionales?
Hay más incógnitas. El PSC continúa fuerte en las encuestas. Pero así como en el País Vasco parece previsible que los socialistas apoyen un futuro gobierno del PNV ante la evidencia de que EH Bildu no dejará caer en ningún caso al Gobierno en Madrid, en Cataluña no parece existir hoy esa opción.
Si los resultados en Cataluña se aproximan a lo que indican los sondeos, el presidente se encontrará frente a un dilema aunque el PSC gane las elecciones. La primera opción será la de conseguir el apoyo de ERC y los comunes a un gobierno del PSC. La segunda, la de darle la presidencia a ERC o a Junts, ganándose de forma prácticamente segura el rechazo del partido que haya sido descartado.
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No es descartable que la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña conduzca a los españoles a elecciones generales en otoño o a principios de 2025.
Y eso porque la aprobación de los Presupuestos Generales quedará con casi total seguridad aplazada hasta que haya gobierno en Cataluña, dado que ni ERC ni Junts parecen ahora dispuestos aprobar las cuentas del Ejecutivo antes de los comicios.
Los republicanos, como represalia por la no aprobación de los suyos.
Y los segundos, por estrategia electoral.
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Existe una posibilidad alternativa a la expuesta anteriormente. Un nuevo gobierno independentista de ERC y Junts, improbable de acuerdo a los sondeos, pero que tendría dos consecuencias contradictorias.
La primera, refutar por completo el relato de Pedro Sánchez acerca de la «pacificación» de Cataluña a raíz de la ley de amnistía.
La segunda, la de evitarle al presidente tener que escoger entre ERC y Junts. Algo que paradójicamente, podría salvar su presidencia, al menos durante un tiempo.
Pero para retener durante el apoyo de Junts y ERC, Sánchez debería retrasar la aprobación de la ley de amnistía hasta después de las elecciones y, una vez celebradas estas, e independientemente de cuál sea el resultado, condicionar la aprobación de la norma a la de los Presupuestos Generales del Estado y a la estabilidad de su gobierno.
Las elecciones catalanas del 12 de mayo tendrán lugar en plena resaca por los comicios del País Vasco, programados para el 21 de abril, y tener consecuencias en las europeas del 9 de junio. En esa triada de convocatorias se juega Pedro Sánchez una legislatura que se convertirá tan pronto como empiece la campaña en el País Vasco en un verdadero encaje de bolillos político para el Gobierno. La encrucijada para el presidente es obvia.