Cuando el jueves se aprobó el texto de la amnistía en el Congreso, sólo los socialistas aparentaban estar satisfechos. Se aplaudían a sí mismos como para darse calor en medio de un ambiente gélido. Ni ellos ni los separatistas sacaron a los primeros espadas a defender el proyecto: la presunta relevancia de un debate ‘histórico’ apenas mereció que subiera al ambón una pléyade de subalternos mientras Feijóo y Abascal clamaban en el desierto. Nadie hubiera dicho, en aquella atmósfera desangelada, que se trataba de la ley angular de un nuevo mandato de ‘progreso’, el tratado fundacional de una nueva era de reconciliación y entendimiento. Y menos que nadie los beneficiarios, que de inmediato se apresuraron a indicar, con un mohín de desprecio, que aquello no era el final de ningún proceso sino el comienzo.

Puigdemont y sus delegados lo dejaron bien claro: la impunidad es sólo el precio de la investidura y si Sánchez quiere asegurarse el mandato tendrá que negociarlo medida por medida, plazo a plazo. Y Esquerra, por su parte, precipitó las elecciones catalanas y le complicó al Gobierno un calendario ya de por sí cargado con la convocatoria del Parlamento Europeo y la inmediata del País Vasco. Ni un minuto de tregua para que ningún despistado se llame a engaño. El otro gran argumento oficialista, el del mal trago necesario para trabajar por el bienestar de los ciudadanos, también se fue al garete con los Presupuestos prorrogados.

El presidente ha cumplido, desde luego. Todo lo que le pedían: la cobertura de la malversación, la de la revuelta, la del terrorismo, la de la traición y hasta la reclamación de extender a 2011 la proyección retrospectiva para amparar la corrupción pujolista. Además, por supuesto, de la consiguiente humillación a la justicia. Los ‘indepes’ se quedaron cortos; ante una disponibilidad tan solícita podían haber exigido una reparación histórica de la derrota austracista. Eso sí, nada más concluir la votación anunciaron con toda solemnidad que ahora van a por la autodeterminación y que se sienten –quién se atrevería a dudarlo– en condiciones de conseguirla. Ésa es su idea de una contrapartida.

Y esta vez no cabe decir que el jefe del Ejecutivo haya malversado su palabra. Al menos la que empeñó el 23 de julio la ha mantenido contra toda clase de circunstancias: el rechazo de una mayoría social, la animadversión de la judicatura, la derrota gallega, los reparos de la Comisión de Venecia –transformados en ficticios avales por el aparato de propaganda–, el desgaste de imagen, las críticas de González, Page y la vieja guardia. Todo en aras de la concordia democrática, cuyos efectos ya son visibles en la expresa voluntad de los amnistiados de poner en marcha su muy pacífico plan de separarse de España. No hagan caso de las insidias, eso no es más que una bravata. Y ya ha dicho Sánchez el Firme que por ahí no pasa.