La absolución de Francisco Camps por la última causa del caso Gürtel que le quedaba pendiente permite extraer algunas conclusiones sobre el funcionamiento de la Justicia y la rehabilitación de los políticos inmersos en este tipo de procesos judiciales.
«No existe prueba o indicio alguno de orden, sugerencia o intromisión del Sr. Camps» ha dicho la Audiencia Nacional, eximiendo al expresidente de la Generalitat valenciana de cualquier responsabilidad en la trama de Francisco Correa.
Con la caída de esta causa, la décima de las que se abrieron contra él, Francisco Camps se ha convertido en un político totalmente rehabilitado por la Justicia. El PP ya ha anunciado que esperará a que la sentencia sea firme para abordar la situación del expresidente, después de que este haya solicitado a Feijóo volver a la política.
El calvario judicial de Camps, que se ha extendido durante quince años y que cortó de raíz su carrera política tras su dimisión en 2011, demuestra la difícil compatibilidad de los tiempos judiciales con los políticos.
En España se suele atribuir a Séneca la frase «nada se parece tanto a la injusticia como la justicia lenta». Y el caso de Camps podría ser esgrimido como ejemplo paradigmático del aforismo, dado que contiene sin duda alguna los ingredientes necesarios para calificar de injusticia lo ocurrido:
1. Una justicia palmariamente lenta.
2. Una acumulación de acusaciones sin recorrido penal que justifican la acusación de «ensañamiento» de Camps y avalan su convicción de que este ha sido un proceso más político que judicial.
3. El evidente ensañamiento de al menos una parte de la prensa valenciana y nacional, ejemplificada en las 169 portadas que el diario El País le dedicó a Camps por cuatro trajes que el expresidente pagó de su bolsillo.
4. Y un daño de imposible o muy difícil reparación, ante la imposibilidad de que la carrera política del expresidente valenciano vuelva al punto en el que se cortó hace quince años.
EL ESPAÑOL debe recordar en cualquier caso que las responsabilidades judiciales son independientes y no siempre coincidentes con las políticas. Es decir, que aunque los tribunales hayan absuelto a Camps de cualquier culpa penal, la responsabilidad política debe ser juzgada según parámetros políticos.
Pero, obviamente, quince años después del estallido del escándalo, la responsabilidad política de Camps y sus hipotéticas culpas in vigilando o in eligendo han sido pagadas con creces con su dimisión en 2011.
Camps tenía 48 años cuando dimitió, dos mayorías absolutas y un resultado histórico para el PP de 1,2 millones de votos. Hoy tiene 61 años y la posibilidad de volver a someterse al escrutinio de las urnas, como él mismo ha pedido, es remota.
En su caso, efectivamente, la lentitud de la justicia ha derivado en algo que, si no puede calificarse de injusticia, desde luego se le parece mucho.