Editorial·El Correo
- Sánchez debió eludir dramatizaciones desde su seguridad plena de que su esposa ni quiso ni pudo brindar o cobrarse favores
La investigación del juez Juan Carlos Peinado sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez fue avalada ayer por la Audiencia de Madrid al observar indicios de supuestos delitos en las gestiones de la esposa del presidente del Gobierno con empresas que aspiraban a contratos públicos y los consiguieron; en uno de los casos, después de que ella escribiera una carta de recomendación. El tribunal da vía libre a las pesquisas judiciales pese a la frontal oposición de la Fiscalía y a un contundente informe exculpatorio de la Guardia Civil, que no ha tenido en cuenta, y a admitir errores de bulto en la denuncia del pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias. La decisión no cuestiona la presunción de inocencia de la afectada, que debe ser respetada con el máximo rigor. No hay otro modo de clarificar la hipotética comisión de ilícitos penales que la culminación del procedimiento abierto, incluida la eventualidad de que el caso sea archivado por falta de pruebas y de que ello acarree un perjuicio irreversible a la pareja de Pedro Sánchez y su entorno más próximo, que conllevaría efectos políticos imprevisibles.
El dirigente socialista ha afrontado la situación generalizando como problema lo que sin duda considera un trato injusto a su cónyuge para dañarle a él como mandatario legítimo. Su retiro de cinco días y su insistencia posterior en que «van listos» quienes pretendan debilitarle dramatiza la denuncia del bulo, del fango e incluso del ‘lawfare’ «promovidos por la ultraderecha». Como si la investigación judicial sobre Begoña Gómez hubiese revelado que la democracia en España se encuentra en serio riesgo por la acción deliberada de quienes estarían cercando al jefe del Gobierno, de quien cabría esperar otros argumentos desde su seguridad plena en que su esposa ni quiso nunca ni nunca pudo valerse de su posición para brindar y cobrarse favores a cuenta de La Moncloa.
El PP, que acumula un negro historial de corrupciones, debe sujetar sus señalamientos a la literalidad de los autos judiciales sin excederse ni en un sustantivo ni en un adjetivo acusador. Por respeto al Estado de Derecho y a la dignidad de la acción política en democracia. Una obligación que ha de cumplir antes que nadie el propio Sánchez aunque algunas decisiones del juez puedan ser discutibles y se sienta lógicamente dolido por el delicado momento que atraviesa su compañera de vida, cuyo comportamiento -delictivo o no- parece cuando menos inapropiado.