La ley de amnistía culminó este jueves su tortuoso camino parlamentario con la aprobación por la mayoría del Congreso: 177 votos a favor y 172 en contra. La norma entra ahora en una nueva fase, la de su aplicación, en la que no serán menores las dificultades ni cejarán los esfuerzos de la oposición para dificultar su puesta en práctica. A falta de argumentos políticos, los contrarios a la medida de gracia insisten en los de carácter moral. Si para Vox es una traición a España, para el PP es un acto de corrupción de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder a cambio del apoyo de los siete diputados de Junts.

Por su parte, los independentistas insisten en vender retóricamente a los suyos la aprobación de ayer como una victoria en el camino hacia la secesión, por más que la vía unilateral demostrase su fracaso en 2017 y la sociedad catalana la rechazase de facto al quitarles la mayoría en las elecciones autonómicas de hace poco más de dos semanas. Para la mayoría de esa sociedad, como para el Gobierno que promovió la ley, se trata de una oportunidad de restañar las heridas del proceso independentista con los instrumentos de la política en lugar de utilizar los de la justicia punitiva. Hay, no obstante, que colocar en el debe del PSOE una falta de pedagogía que llevó a sembrar en parte de sus propias filas el rechazo a una norma que, antes de las elecciones generales, los líderes socialistas —con el presidente a la cabeza— rechazaban de plano. Cuando Sánchez se enfrentó a la realidad parlamentaria y tuvo que aceptar la amnistía como contrapartida por su investidura, el cambio de opinión le pasó factura.

Pese a la controversia que ha rodeado su nacimiento, la ley de amnistía ha seguido hasta su aprobación todos los trámites que marca el Estado de derecho que rige en una democracia plena como la española. El poder legislativo ha hecho su trabajo. Ahora, dentro de la misma normalidad, le toca al poder judicial hacer el suyo. Hay pues que confiar en que la imparcialidad que se les supone a los jueces se sobreponga a los prejuicios expresados por muchos de ellos cuando, insólitamente, se manifestaron en contra de la ley aunque todavía desconocían su redacción definitiva.

Los precedentes no permiten albergar la esperanza de que la discusión en el Parlamento entre en un cauce digno de tal institución, pero la bondad de la amnistía se medirá por sus efectos políticos, primero en Cataluña y luego en el conjunto de España. Así, la victoria de Salvador Illa en las elecciones catalanas y la primera derrota del nacionalismo desde 1980 es una demostración de la profundidad estratégica de una medida que —por más que el independentismo democrático mantenga una legitimidad que nunca ha estado en cuestión en España— viene a cerrar el proceso rupturista inaugurado en 2012, con un Gobierno del Partido Popular en La Moncloa.

Aunque los nacionalistas entonen cánticos de victoria, todos han cedido en una tramitación llena de tensiones que persistirán. En una paradójica unión de los extremos, el conjunto de la derecha cuenta con la encendida retórica independentista para seguir alimentando sus profecías apocalípticas sobre el futuro de España, profecías que la realidad se empeña en desmentir una y otra vez.

Aun con las demoras exigidas por los recursos y trámites judiciales, se abre la oportunidad de un nuevo comienzo, aunque el lamentable debate parlamentario de este jueves no augura que PP y Vox vayan a arrumbar el fantasma de la nación en peligro, ignorado interesadamente por sus propios creadores allí donde no produce rendimiento electoral, como pudo comprobarse en los recientes comicios gallegos, vascos y catalanes. No lo harán antes de las elecciones europeas y es de temer que tampoco en el futuro. Cabe esperar, al menos, que el PP abandone en algún momento el monotema de su oposición a la amnistía, como ha sucedido en tantas ocasiones frente a iniciativas promovidas por el poder legislativo cuando los populares no ocupan el Ejecutivo. Será entonces cuando se podrá dar por consolidado el cambio de ciclo que ahora se abre.