Una vez aprobada con el ensordecedor ruido que era de prever la ley de amnistía en el Congreso -la principal cesión de Pedro Sánchez a Junts y ERC a cambio de sus votos para ser investido-, la legislatura entra en una nueva fase tras la cierta parálisis que arrastra desde su inicio por el maratón electoral del último año, que completarán las europeas del próximo domingo. Su rumbo lo determinará, sobre todo, el incierto desenlace de la gobernabilidad en Cataluña. El Ejecutivo de coalición necesita a todos los socios con los que ha articulado su precaria mayoría parlamentaria para aprobar cualquier proyecto, por lo que el hipotético descuelgue de algún aliado independentista que salga malparado de los pactos para el control de la Generalitat comprometería sobremanera su estabilidad. El presidente se enfrenta al riesgo de que, satisfecha una reivindicación de tanto peso político como el borrado de los delitos por el ‘procés, los secesionistas -inmersos en una feroz competencia, y Esquerra, además, en una aguda crisis interna tras su reciente debacle en las urnas- se sientan liberados de sostenerle por más tiempo en La Moncloa o vinculen su apoyo a una exigencia tan inconstitucional como un referéndum de autodeterminación.