El sábado se cumplieron seis años del día en que Pedro Sánchez Pérez-Castejón asaltó el Gobierno mediante una moción de censura apoyada en una sentencia trucha, en la que el juez José Ricardo de Prada incluyó un par de párrafos impertinentes sobre la contabilidad paralela del PP que llevaron al Supremo a corregir la sentencia de la Gürtel al descartar la responsabilidad penal del Partido Popular en la tan citada caja B.
De Prada era un juez notable: lo mismo condenaba al PP con razones ‘ful’ que absolvía a la jefa terrorista Sol Iparragirre ‘Anboto’ con otra sentencia en la que también encontró el Supremo ‘importantes grietas de motivación’ y ‘falta de coherencia’. Váyase lo uno por lo otro. La intención era seguramente derrotar los Presupuestos del 18, pero las cuentas se habían aprobado el 23 de mayo y la sentencia se conoció el día 24. Las morcillas de De Prada animaron a Sánchez a presentar la moción de censura que se desarrolló los días 31 de mayo y 1 de junio y terminó sustituyendo a Rajoy por Sánchez como inquilino de la Moncloa.
En aquel debate, el candidato hizo una afirmación capital: «Lo que hay en Europa son Gobiernos, como en Alemania, en los que, por ejemplo, personas que han desempeñado responsabilidades ministeriales y a las se les ha descubierto que han plagiado una tesis lo que han hecho ha sido dimitir». El sábado se cumplieron seis años. A mediados de septiembre, Albert Rivera descubrió que Pedro Sánchez había plagiado la suya. O para ser más precisos se la había plagiado el equipo del que fuera ministro de Industria con Zapatero, Miguel Sebastián.
Pedro Sánchez aún arrastra la ilegitimidad de origen que se produjo al invocar la lucha contra la corrupción (del PP, claro) en aquella moción de censura de hace seis años. El presidente investido aquel 1 de junio de 2018 ha dirigido la etapa de corrupción más acabada en la historia de la democracia española.
La corrupción era esto, servida con una sucesión inacabable de mentiras y esa característica tan inseparable del presidente que es la alteridad, cargar sobre el prójimo los defectos que él arrastra en grado sumo, recuérdese las acusaciones a la familia pasada y presente, viva y difunta, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, incluso en casos archivados por la Fiscalías española y europea, las acusaciones a la mujer de Núñez Feijóo, mientras la hija de Sabiniano era investigada en el juzgado nº 41 de Madrid y él, que lo sabía, lo ocultó, además de tener a su hermano en una situación inexplicable desde un punto de vista decente.
Y hemos llegado, en el tramo final de esta ópera bufa, a la Ley de Amnistía, que le ha sido impuesta por los delincuentes a cambio de su apoyo. Ahora hemos sabido que Puigdemont corrigió el primer texto sobre la amnistía, eliminando las referencias a la concordia, a la Constitución y al Estado de Derecho, imponiendo el concepto de ‘conflicto político’. El lápiz de Junts también borró la exclusión de los delitos de traición y malversación, así como el de terrorismo. Los cuatro fiscales del Procés no están por la tarea y el Supremo plantea algunas dudas severas, o sea, que si vuelve el prófugo, no es improbable que se lo lleve para adelante al juez Llarena. Todavía hay partido y esperanza.