La renovación del Poder Judicial se ha vuelto absolutamente perentoria tras cinco años de prórroga. No sólo porque lo dice la ley, la orgánica propia y la Constitución que la informa, sino porque la reclama una judicatura forzada a soportar el colapso derivado de la demora. Pero el consenso que exige la normativa impone pactos transversales que obliguen a todas las partes que los firman. Y existe al respecto un problema: que Sánchez carece de fiabilidad por su ligereza tornadiza y por sus reiterados incumplimientos de promesas orales y escritas, desconfianza a la que deben sumarse sus recientes muestras de prisa por tomar el control de la justicia. Sí, está la Unión Europea como aval de garantía, pero en este momento Von der Leyen necesita un acuerdo con los socialistas. La posición del Partido Popular es por tanto muy delicada. Por un lado no puede conformarse con abstractos compromisos de palabra; por otro, cualquier acercamiento al sanchismo despierta en gran parte de su electorado una reticencia palmaria; y por último, existe el riesgo cierto de una reforma legal por las bravas que podría entrar en vigor mientras los recursos se sustancian, con la consiguiente ocupación de las plazas vacantes de manera inmediata. Si algo ha quedado demostrado en esta etapa es que el presidente no siente escrúpulos en intervenir las instituciones usando la mayoría parlamentaria para adoptar medidas de naturaleza autocrática.

El precedente del Tribunal Constitucional, donde la oposición aceptó un deplorable cambalache que ha entregado a la izquierda la llave maestra de una mutación encubierta de las bases jurídicas del sistema, debería servir de advertencia y suscitar un mínimo propósito de enmienda. El objetivo ahora es la cúpula del Supremo, cuyas fiscalías de Sala ya han sido colonizadas por la ‘longa manus’ del Gobierno. Entre los puestos sin cubrir a causa del actual bloqueo y las jubilaciones de magistrados que se producirán en el próximo quinquenio, algo más de la mitad de los miembros del máximo órgano jurisdiccional –el TC no lo es aunque ejerza como tal de hecho– deberán ser nombrados por el futuro Consejo. Y a nadie se le escapa el interés concreto de Sánchez en ese proceso: los jueces son en este momento el principal obstáculo de la deriva política bonapartista en que ha degenerado su proyecto. Si logra someterlos a su criterio, el Ejecutivo carecerá de esos mecanismos de freno y contrapeso cuya ausencia marca el punto de inflexión en que una democracia empieza a dejar de serlo. Lo que el PP pacte, si pacta, ha de asegurar en primer lugar la separación estricta de los poderes del Estado, y en segundo término ser susceptible de verificación transparente y resultar aplicable con efectos inmediatos. Porque quien se deja embaucar más de una vez después de haber sido traicionado se convierte en responsable de su propio engaño.