El laboratorio constructivista de Conde Pumpido va a tener que ampliar las bases de su doctrina para que la revocación de la malversación de los ERE alcance también a la de los líderes separatistas. La nueva colisión del Tribunal Constitucional con el Supremo está servida, pero de momento Puigdemont y sus compañeros se quedan sin amnistía hasta que el órgano de garantías encuentre el modo de efectuar una de sus reputadas piruetas jurídicas. La Sala de lo Penal ha postergado la cuestión prejudicial ante la Corte europea para resolver por sí misma: el principio de subsidiariedad aplicado a la justicia. El prófugo seguirá errante porque a su abogado, en quien el Gobierno delegó la redacción legislativa sin ponerle la más mínima cortapisa, le ha faltado pericia para fabricar una norma sin fallos ni rendijas.

El juez Marchena y sus colegas tienen demasiado oficio para que un picapleitos se la dé con queso. La ley era un bodrio, pan comido para juristas de sobrado talento; sin demasiado esfuerzo le han desbaratado las costuras y la han puesto del revés y –nunca mejor dicho– del derecho. Como a Pumpido tampoco le falta agudeza es muy capaz de enmendar el desaguisado en el partido de vuelta, pero de momento se mantiene la sentencia que inhabilita a Junqueras y continúa vigente la orden de detención contra ‘Puchi’ dictada por el magistrado Llarena. Faltan por ver las consecuencias sobre el proceso de la investidura catalana y tal vez sobre la legislatura nacional entera.

La ley del ‘sí es sí’, precedente más notorio e inmediato de legislación-bazofia con «efectos indeseados», se queda en chapuza de aprendices comparada con la tosquedad de este apaño. El problema para el sanchismo consiste en que los argumentos del Supremo son idénticos a los que el propio Ejecutivo sostenía hasta el pasado verano. La resolución del Alto Tribunal desnuda con crudeza el «tratamiento excepcional y personalizado» de una impunidad ideada a medida de sus beneficiarios y escrita por la mano de su letrado. Chantaje, arbitrariedad, enjuague, incompetencia, caos: qué podía salir mal en semejante escenario.

Este final provisional es sólo la deriva lógica de una decisión política inaceptable. Más allá del improvisado ‘bullshit’ narrativo sobre la pacificación del conflicto y la concordia entre catalanes, hasta el más sectario de los propagandistas oficiales sabe que la amnistía es un autorrescate: el precio bastardo de la reelección de Pedro Sánchez. Y aunque la dinámica populista gubernamental haya logrado asentar entre sus partidarios la idea de un choque de legitimidades, nadie sensato puede creer que los jueces fueran a cruzarse de brazos ante un desafuero de esta clase. Incluso en un sistema de contrapesos en vías de desmontaje, la desviación de poder tiene límites institucionales. El tiempo dirá, ojalá no demasiado tarde, sin son eficaces.