Para ver porno, pretende este Gobierno, habrá que identificarse con el DNI electrónico, escanear un código QR y renovar un bono-paja cada 30 días (antes si has agotado el límite mensual admitido por vaya a saber usted qué comité de expertos como la media estándar aceptable). A mí ya se me habrían pasado las ganas antes de recordar mi contraseña. Casi acaba uno antes cambiando de sexo o abortando, que a este paso va a ser más fácil que ver pelis cochinas en la intimidad del hogar. Además de intrusiva, la medida es un fastidio, un engorro y muy poco ágil. Por no hablar de que no va a servir de nada: si solo deben aplicar tan ineficaz protocolo las webs guarrindongas que operan desde España, el onanismo por estimulación visual se puede ver satisfecho al momento entrando en una web extranjera y, ¡ops!, arreglada la cosa por la vía de urgencia gracias a la universalidad del ciberespacio.

La ocurrencia es de bombero, digo. Y me recuerda, por ineficiente y latosa, a aquella otra del Ministerio de Igualdad para luchar contra la violencia sexual que consistía en unos códigos QR (qué perra con los dichosos códigos QR) dispuestos en los baños de bares y discotecas y que, al escanearlo, proporcionaba consejos y acceso a unas guías desde tu móvil. Que, digo yo, si está una a punto de ser asaltada sexualmente y puede ir hasta el baño, escanear el código QR y leerse tres guías y una buena retahíla de consejos (por muy buenos que estos sean) igual habría acabado antes aplicando el tradicional método de marcar el 091 o gritando «auxilio».

La intención es buena, claro. ¿Quién no querría proteger a la infancia de los peligros de internet e impedir que tengan acceso demasiado fácilmente a contenidos inapropiados? Pero no debe ser incompatible esa protección de nuestros menores con la no intromisión en la libertad y la intimidad de los adultos en general. Lo que parece, más bien, es que este Gobierno y sus socios tienen cierta querencia por inmiscuirse en los asuntos privados de la ciudadanía. Desde en el cómo reparten las familias los cuidados y las tareas domésticas (recuerden aquella aplicación de Igualdad para equilibrar la carga del trabajo en el hogar) a en qué se invierte el tiempo libre (intentaron excluir la tauromaquia del bono cultural joven), pasando por cómo bromean entre ellos nuestros adolescentes (aquel cirio de los cánticos del Elías Ahuja). Llegados al punto en que hasta el autoerotismo audiovisual de ciudadanos adultos es digno de fiscalización, registro y acuse de recibo, casi parece que más que un Gran Hermano lo que tenemos es un Estado-padre pelín controlador. Uno que a puntico está de avisarnos de que, de seguir así, nos podríamos quedar ciegos o nos saldrán granos. Lo que no me queda tan claro es, a la vista de las medidas que van proponiendo, si se trata de torpeza o es más bien ineptitud. No descarten que, como a nuestros abuelos, nos toque ir a ver según qué pelis a Perpiñán.