Santiago Abascal hablaba en serio. El PP no debería despreciarlo diciendo que «no se atreverá por esta tontería a romper a un Gobierno»
Ojalá todos los políticos y sus sicarios mediáticos pusieran tanto interés, sensibilidad, compromiso y disposición para ayudar a los jóvenes españoles como lo hacen con los inmigrantes ilegales, que asaltan la frontera y declaran ser menores no acompañados, los conocidos como menas. ¿A quién le importa que haya ya dos generaciones en España sin vivienda, acceso a una pésima educación, una sanidad degradada y malos transportes sin opciones de futuro en España? De forma masiva exportamos universitarios españoles e importamos islamización y africanización.
«Son pobres niños que tenemos que cuidar y mimar por humanidad y entonces podrán brillar en nuestra sociedad y mejorarnos a todos». Todo es poco para ellos, según este delirio desvivido de todo el espectro político (salvo Vox) y las Intxaurrondos, que repiten de forma contumaz, sabedores de la mentira monstruosa que esconde. La hipocresía de la progresía imperante (que incluye al PP y sus medios) es insoportable, un peligro para la democracia y el estado del bienestar y sobre todo es culpable, sin posibilidad de indulto, de la degradación de nuestras calles, la inseguridad y el expolio del deshecho Estado social, una deudocracia a punto de estallar.
No son niños. Son adultos corpulentos a los que no se les hace pruebas de edad al llegar a puerto como hace unos años. Ahora su declaración es suficiente. Si alguien puede, tan sólo con la palabra, cambiar de sexo legalmente, ¿por qué no de edad al cruzar la frontera? En el mejor de los casos, son adolescentes de 15-17 años creciditos. No vienen chicas, son todo tíos, a un país que les promete regularizaciones, subsidios sin trabajar, vivienda, comida y una ley del menor que les hace inimputables si cometen delitos como violaciones y robos continuados. Es la ley española la que convierte a estos menores en herramientas claves de bandas criminales que los utilizan por esta condición. Hacen víctimas a los menores que les privan de toda oportunidad con estas leyes buenistas llenas de maldad.
¿Qué hacen agrupados un montón de jóvenes magrebís y otros africanos en las calles durante todo el día sin saber el idioma y sin nada que hacer?
En todos los lugares donde hay un centro de menas se registra una subida de la inseguridad, peleas, plazas tomadas, noches de ruidos y atracos violentos a personas mayores indefensas. Me preocupa que hayamos perdido la humanidad para no pensar en los vecinos cuyas vidas y su salud mental van a empeorar de por vida sin poder mudarse a la Finca. Somos Tercer Mundo. ¿Qué hacen agrupados un montón de jóvenes magrebís y otros africanos en las calles durante todo el día sin saber el idioma y sin nada que hacer? ¿Qué pasa con todos ellos una vez cumplan los 18 años en breve?
Los políticos y periodistas que no viven cerca de uno de estos centros de menores ilegales no les importa. Los vecinos de barrios desfavorecidos y trabajadores, que es donde recalan estos centros, saben lo que implica y cómo sus viviendas han perdido mucho valor con la llegada de ese centro, después de haberse endeudado en una hipoteca el resto de su vida que no les permite irse de vacaciones por una casa que ahora no pueden vender sin pérdidas importantes, y temen alquilar por la okupación.
El miedo a las urnas
La noticia de la construcción de un centro de menas en su calle es recibida por los vecinos como una condena, una desgracia de la que no pueden deshacerse fácilmente. Es la democracia de políticos que no sirven a los intereses de los representados. Habría menos hipocresía y más democracia si en vez de ser las Comunidades Autónomas las que acepten el reparto, lo hiciesen los Ayuntamientos. Un alcalde tiene que mirar a los ojos a sus vecinos para decirles que él ha puesto un centro de menas en su calle. El miedo a no ser reelegido les obligaría a hacer política de adultos y no esconder la verdad con los discursos fracasados y anticuados de la Francia de hace 20 años. Al final de todo, la democracia consiste en que el pueblo no pueda opinar sobre los asuntos públicos que le afectan.
Sé que a nadie le importan las preocupaciones y el empobrecimiento de los ciudadanos que sufren las consecuencias de la inmigración ilegal, para ellos no hay empatía, aunque esta afecte también a los inmigrantes que han venido a trabajar y se hayan integrado en paz. Pero hay un partido político que ha defendido como bandera estos problemas y a estas personas, y no puede abandonarlo a cambio de unas consejerías. El resto de las formaciones políticas han de saber que no todo está en venta. Si no pueden remigrar, ni repatriar a los menores ilegales que hayan llegado a nuestras fronteras, que los envíe el Partido Popular a las comunidades donde gobierna con mayoría absoluta.
Vox ha de romper los Gobiernos en coalición allá donde no se respete esta medida, según las distintas regiones. Santiago Abascal hablaba en serio. El PP, el partido más traidor con sus votantes, no debería despreciarle diciendo que «no se atreverá por esta tontería a romper a un Gobierno». Pero la inmigración ilegal es una cuestión de primer orden.
Es razonable, lógico y democrático que un partido que sustenta un Gobierno exija el cumplimiento de una medida esencial para sus votantes, que sea respetada y tenida en cuenta por su socio. En caso contrario, el PP debe buscarse otro apoyo fuera para mantener sus sillones. Vox ha de mostrar que su papel no es mantener las políticas progres socialistas del PP y demostrar que es una opción patriótica en beneficio de los españoles olvidados.