IGNACIO CAMACHO-ABC

  • El problema de los menas reclama un liderazgo responsable y con autoridad para no dejarse intimidar por nadie

En la política del tironeo y de la propaganda importan entre poco y nada los dramas humanos. El problema de los menores inmigrantes, los célebres menas, se ha convertido en un episodio más de la batalla del relato, esa manipulación de la realidad cuyo único fin consiste en debilitar al adversario. El Gobierno actúa –es un decir– como si no le concerniese el artículo de la Constitución que determina la inmigración como competencia exclusiva del Estado; Vox excita el rechazo de los ciudadanos esgrimiendo la inseguridad que algunos centros de acogida causan en los barrios donde están instalados; Junts demuestra su descarada xenofobia al reclamar una especie de extraterritorialidad para situarse al margen del reparto; y el PP, como de costumbre, se alela al verse en medio de un debate destinado a presionarlo por todos los flancos y atribuirle la exclusiva responsabilidad de lo que pase en cualquier caso. En este forcejeo tan desaprensivo como oportunista, desprovisto del mínimo rasgo de solidaridad o de simple sentido del compromiso comunitario, lo de menos parecen esos miles de personas –porque de eso se trata, de personas– hacinadas en condiciones deplorables ante el colapso de los servicios asistenciales canarios. Que también están en España, por si a alguien se le ha olvidado, y forman parte de la estructura de esa Unión Europea tan aficionada a cruzarse de brazos cuando los conflictos migratorios se vuelven antipáticos.

Los menas han de ser redistribuidos por imperativo moral, institucional, humanitario y cívico. Se trata de un deber cuyo cumplimiento no es optativo, y corresponde al Gobierno la iniciativa de llevarlo a cabo asumiendo los costes financieros y propiciando acuerdos políticos con las autonomías sin distinción de colores o partidos. Es hora de arremangarse, pasó el tiempo de los brindis al sol como el de aquel Aquarius recibido a título de guiño propagandístico. Y el Partido Popular, como pilar del sistema y fuerza gobernante en una docena de comunidades, tampoco puede excusar su parte en una obligación acuciante. La amenaza de ruptura de Vox le proporciona una excelente ocasión de marcar perfil propio y distanciarse de ciertos discursos de intransigencia inaceptable. Pocos momentos mejores tendrá Feijóo para dar un golpe de autoridad, no sólo ante un socio decidido a causarle dificultades sino ante los barones que anteponen su propia estabilidad a los intereses generales. Puede perder en el envite algunos votantes que detestan toda clase de entendimiento con Sánchez, pero ganará credibilidad si emite el mensaje de que conoce sus prioridades institucionales y no se deja intimidar por nadie. Éste es un asunto que reclama dirigentes capaces de asumir el desgaste de actuar con conciencia firme y mirada de largo alcance. Y el líder de la oposición no está en condiciones de desperdiciar muchas más oportunidades.