La Moncloa sigue queriendo alinear al PP con los ultramontanos de Vox, a pesar de que necesitan el apoyo del partido de Feijóo. Y Vox se aprovecha del drama humanitario para excitar el rechazo ciudadano ante la inseguridad que algunos centros de acogida están causando en los barrios donde se han instalado. Pero resulta demagógico asimilar la inmigración a la delincuencia, por mucho que cierta parte de los delincuentes sean inmigrantes. No se puede generalizar. Pero Vox lo hace. La amenaza de ruptura, por parte de Santiago Abascal, de los gobiernos locales con el PP, le está brindando a Feijóo una oportunidad de oro para desmarcarse de discursos intransigentes.

El problema no se centra en pactar, o no, con el Gobierno. Se trata de la obligación de acoger a los inmigrantes cuando se ha sido incapaz de custodiar de forma eficaz nuestras fronteras. Y cuando no se han fomentado acuerdos con los países de origen para marcar a las mafias que trafican con personas. Es un deber solidario. No es una opción.

El presidente del PP, impasible ante la pinza con la que le presionan entre Vox y el PSOE, desoye a Abascal y se compromete a que las comunidades gobernadas por los populares acepten la reubicación de 400 menores aunque desde La Moncloa se ha venido insistiendo en que el PP rechazaba el reparto. Lo que viene reclamando Feijóo es un fondo de contingencia para dotarse de medios ante semejante desafío y un plan de redistribución cimentado en criterios de proporcionalidad. Y que el Gobierno asuma la parte que no pueden gestionar las comunidades. Parece razonable.

Una actitud similar a la que está mostrando, por cierto, el nuevo Gobierno vasco. La comunidad autónoma ya acoge a 723 menores inmigrantes no acompañados frente a los 9 de La Rioja. Por ejemplo. A Euskadi y Cataluña se les está metiendo en el mismo saco. Pero sus actitudes son bien diferentes. El País Vasco reclama proporcionalidad y medios mientras que los de Junts, haciendo alarde de sus actitudes xenófobas, quieren esquivar el problema de los inmigrantes de forma insolidaria.

La inmigración es una competencia exclusiva del Estado, los centros de acogida corresponden a las comunidades autónomas. Por lo tanto, el Gobierno de turno debe dotarse de una normativa consensuada que permita una acogida ordenada sin incurrir en la irresponsabilidad del ‘efecto llamada’. Ese delicado equilibrio solo se lo puede proporcionar un gran pacto. Este drama humano no puede convertirse en la enésima excusa para espolear al adversario buscando la confrontación política en beneficio propio. No caben excusas. El problema de los menores acompañados debe ser asumido por todos. Y aquí es donde Vox y algunos socios de Pedro Sánchez quedan en evidencia.