Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo

El cargo de gobernador del Banco de España es muy importante, máxime en un momento como este en el que la política monetaria europea, de cuya definición participa, está en plena revisión y tras una fase de endurecimiento, el regulador calibra cuándo y cómo retornamos a la senda de la flexibilización, hacia unos tipos de interés más reducidos que alivien el panorama financiero. De ahí que el proceso de selección deba de ser extremadamente cuidadoso y su nombramiento fruto del máximo acuerdo posible. Parece evidente que el puesto debe recaer en una persona con demostrada capacidad técnica, que sea capaz de defenderse en Fráncfort y elevar la voz en un foro tan técnico. También, y precisamente por lo anterior, debe de ser una persona independiente que pueda soportar las innumerables presiones, y no solo políticas, que le va a llegar.

El ministro Escrivá es una persona que cumple sobradamente el primer requisito. A lo largo de su trayectoria se ha ganado merecida fama de buen gestor, aunque es cierto que se la ganó antes de llegar al Gobierno -que fue cuando le conocí-, y hasta su paso por la AIReF, pues desde su entrada en él ha malgastado parte del patrimonio que atesoraba. Su ‘revolución’ del sistema de financiación de las pensiones ha sido calificada de fallida por insuficiente por parte de todos los organismos internacionales que han opinado sobre la materia e incluso por sus antiguos compañeros. La evolución posterior de los datos han dado razón a los críticos, pues la elevación de las cotizaciones han apretado el cuello de las empresas, pero no ha sido capaz de eliminar el déficit del sistema que sigue amenazando su viabilidad futura.

Sin embargo, no creo que nadie se opusiese a su nombramiento a causa de su capacidad técnica. Lo que es difícil soportable es el ataque flagrante y directo que supone a la independencia del cargo su eventual e inmediato cambio de sillón, del ministerio al Banco de España. Dudo mucho que el PP pueda tragar ese sapo y que vaya a hacerlo. Máxime cuando acaba de firmar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial en donde se pretende terminar con el acaparamiento de cargos en todas las instituciones que practica Pedro Sánchez. En las empresas públicas no es deseable, pero es comprensible, pero en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía, en el CIS, en TVE, etc., no es soportable. El Banco de España ni necesita ni se merece ser parte de este burdo latrocinio al Estado.