Los sucesivos detalles del ‘caso Begoña Gómez’ que se van conociendo no se ajustan a la historia de una esposa que continúa con su trabajo normal cuando su marido accede a la Presidencia del Gobierno. Lo que dibujan es el evidente aprovechamiento de esa circunstancia para lanzar un proyecto profesional nuevo basado en la facilidad de acceso a ciertos contactos de privilegio. Una carrera de diseño a medida de un estatus semioficial ajeno a cualquier protocolo o reglamento, con el palacio presidencial como oficina y el personal gubernativo en funciones de servicio subalterno, y cuyos principales colaboradores financieros eran organismos públicos o empresarios aspirantes a la adjudicación de fondos europeos… que previa recomendación escrita de su ilustre patrocinada acabaron obteniendo.

En las declaraciones judiciales consta la celebración de diversas reuniones en la Moncloa entre la señora Gómez y sus mecenas más relevantes, en concreto el rector de la Universidad Complutense y el consultor tecnológico Juan Carlos Barrabés, codirector y contribuyente del ya célebre máster. En alguna o algunas de ellas, el testigo ha confirmado que se hallaba presente también Pedro Sánchez. Al margen de las razones y el contenido de las visitas, Barrabés puede ufanarse de acudir a despachar en privado a la sede del Consejo de Ministros con más asiduidad que la mayoría de sus titulares, cuya presencia allí suele limitarse a la sesión colegiada de los martes y rara vez en audiencias bilaterales.

El asunto podrá o no ser materia de ilícito penal, pero apesta de lejos a juego (por ahora no tráfico) de influencias y a colisión de intereses en conflicto, además de a clara vulneración de los códigos de conducta que en teoría rigen el oficio político y figuran en el ordenamiento interno de los partidos. Confusión entre actividad particular y espacio institucional, posición subyacente de dominio, sospecha de intercambio de favores, uso inapropiado de recursos oficiales para fines distintos y, sobre todo, un insoportable tufo de cesarismo extendido al ámbito conyugal como prolongación natural de la esfera del Ejecutivo.

Al prestigioso filósofo y catedrático José María Valverde se le atribuye la frase ‘nulla aesthetica sine ethica’, escrita en la pizarra de su aula cuando renunció a su cargo en solidaridad con unos colegas represaliados por Franco. La cita también vale al revés: sin estética no hay ética posible en el marco de un mínimo estándar democrático, donde el decoro formal opera como un imperativo moral necesario para ganar el respeto de los ciudadanos y asentar las bases de legitimidad del mando. Las apariencias comprometedoras del ‘Begoñagate’, su trasfondo opaco, son incompatibles con el funcionamiento de las instituciones de un país avanzado. La escueta lección de deontología de Valverde terminaba diciendo «ergo apaga y vámonos».