Empezó diciendo que al grupo no le afectará, pues «la mayoría de las cooperativas ya tienen ese nivel de jornada». Una situación que comparte con la mayoría de empresas vascas cubiertas por convenios similares. También dijo que «decidir por decreto la jornada laboral es un peligro capital», pues hay que tener en cuenta «la competitividad de la empresa». Y se preguntaba, un tanto cáustico «por qué no se decreta cuánto tiene que ganar una empresa». «Un Gobierno no puede decidir esto, ni tampoco cuantas horas trabaja una compañía», advirtió. Para terminar con una sentencia tremenda: «Actuando así se pueden cargar más de una empresa».

No pienso hacer sangre con la señora Yolanda Díaz, máxima impulsora de la idea, porque bastante tiene la pobre con lidiar con el abandono de sus votantes, las críticas de sus compañeros de coalición, que le han obligado a ceder en varios aspectos para lograr la ansiada aquiescencia de la arriscada patronal y el ninguneo de sus propios aliados en el Gobierno que pasan de ella en goitibera y la usan de ariete en causas incómodas.

Pero, mire usted, entre la opinión de alguien que lleva años manejando empresas con miles de trabajadores en decenas de países y la de una señora que solo conoce el entramado empresarial desde la incómoda posición de la lucha sindical y la cómoda postura de un enmoquetado ministerio, me quedo con la primera. La pena es que Iñigo Ucín se jubila y la señora Díaz es vicepresidenta en ejercicio. La pena es que uno aconseja cosas sensatas y la otra decide cuestiones peligrosas.