La judicialización del caso Begoña Gómez tiene dos caras desde el punto de vista político. La primera, la que ocupa el primer plano informativo, es la posibilidad de una acusación formal tras la declaración, es decir, el encausamiento de la esposa del presidente y su probable envío a juicio oral en la Audiencia. Esta situación procesal sometería a Sánchez a una presión extra, difícil de manejar en la medida en que establecería una vinculación directa entre su relación conyugal, la adjudicación de contratos públicos y el uso para fines privados del palacio de la Presidencia. Un tiempo largo durante el cual los detalles del sumario seguirían goteando en la prensa con el consiguiente debate nacional y fuertes repercusiones sobre la imagen del jefe del Gobierno ante la opinión europea.

La otra cara la representa la eventualidad de que la investigación quede archivada, o de que el tribunal absuelva o desestime, ya más a largo plazo, la instrucción de primera instancia. La estrategia gubernamental –y la de la Fiscalía que actúa de hecho en defensa de la imputada– apunta en la dirección de resistir, a la espera de que bien el juez Peinado o bien la Sala acaben concluyendo la inexistencia de ilícito penal más allá de la dudosa regularidad de los tejemanejes de Gómez en el ejercicio de su peculiar ‘cátedra’. Soportar mal que bien la tormenta en la confianza de que siempre que llueve escampa.

En el primer supuesto, quizás el más verosímil en este momento, el Ejecutivo y sobre todo su líder tendrán evidentes problemas. La maquinaria de la Justicia es bastante lenta y el aparato sanchista pasaría meses de tensión hasta que el asunto se resuelva. Titulares incómodos, veredictos de telediario, acoso parlamentario de la oposición de derecha, nuevos chantajes de los socios para cambiar apoyo por más cesiones a sus exigencias. En la segunda hipótesis, sin embargo, la propaganda oficialista podría desplegar toda su fuerza para asentar, como en los ERE, la idea de una persecución política torticera y aplastar la sospecha sobre una conducta inaceptable en términos de ética y de estética.

En uno u otro escenario, salvo que prospere el archivo rápido, la sombra del ‘Begoñagate’ se va a proyectar de forma determinante sobre el resto del mandato. Sánchez lo sabe; de ahí su preocupación por desviar el foco hacia la ‘máquina del fango’ y el intento de convertir un aplastante cúmulo de informaciones veraces en bulos mediáticos. Está acostumbrado a aguantar pero esta vez el escándalo afecta a su esfera familiar, a su entorno más inmediato, y además se está ampliando hacia el sorprendente progreso profesional y financiero de su hermano. Es un concepto patrimonial del poder lo que está bajo escrutinio en al menos dos juzgados, y ese tipo de provecho particular desprende un halo lo bastante antipático para dejar la legislatura aún más en precario.