Kepa Aulestia-EL CIRREO

El anuncio de un plan de regeneración democrática sugiere, de entrada, que el sistema de libertades ha degenerado en algo muy falto de garantías. El descubrimiento de esto último se produjo, al parecer, durante el retiro de cinco días del presidente Sánchez, y fue expuesto en su segunda «carta a los ciudadanos». Pero no se conoce un diagnóstico completo que le haya llevado a someter a tan grave juicio a la democracia existente en España. Salvo el «secuestro» al que el PP habría sometido al CGPJ durante cinco años, y el flujo incontenible de bulos y desinformación a los que se refirió en el pleno del Congreso del miércoles. De ahí que resulte cuando menos desconcertante que el tratamiento indicado por el máximo titular del Poder Ejecutivo sea profundizar en el «gobierno abierto» y trasponer a nuestro país el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación del pasado 20 de marzo, publicado un mes antes de su encierro.

Aunque a pesar de las carencias, defectos y excesos que los ciudadanos vemos en el funcionamiento de la democracia, no vivimos con la sensación de que haya degenerado para el ejercicio de nuestros derechos y libertades. La propia idea del «gobierno abierto», en torno a la que al parecer se celebrará un congreso mundial en Vitoria, puede ser transformadora siempre que no quede en puro marketing. Pero no necesariamente regeneradora. Aunque sorprende que después de seis años gobernando Sánchez confíe a ella la mitad de su plan.

La otra mitad se refiere a los medios de comunicación de propiedad privada. Lo cual invita a la perplejidad, de entrada. La desinformación, los bulos y las falacias que atentan contra las verdades -la científica, la judicial, la estadística…- son problemas acuciantes que degradan la convivencia y la propia dignidad humana. Hubiese sido lógico que el presidente avanzara medidas para prevenir y contrarrestar tales fenómenos directamente. Pero al apelar a la necesidad de que se haga pública la propiedad de los medios, se conozca el reparto de publicidad institucional, se constaten situaciones de concentración empresarial, se verifique su audiencia real, Sánchez sugiere que ahí se encuentra el problema. Cuando en España todo eso está razonablemente claro.

La trasposición del Reglamento Europeo daría a entender, en palabras del presidente, que se trataría de ir más allá de la resolución de Estrasburgo. Pero no cabría ir más allá de ella sin, al mismo tiempo, asegurar cuanto menos el consenso alcanzado allí al que Pedro Sánchez se refirió insistentemente como el de «todos los grupos parlamentarios, menos la extrema derecha». Sánchez pasó por alto el papel «regenerador» que podrían tener los medios de titularidad pública si se ciñeran a ofrecer una programación de servicio público, también contra la desinformación. Y mostró una visión equivocada y una falta asombrosa de responsabilidad institucional al sugerir que la información circulante está en manos de los propietarios de los medios, como si estos se dedicasen a redactar o censurar crónicas, jerarquizarlas, dictar titulares, y destilar opiniones con una intencionalidad aviesa. Y los profesionales de cada redacción fuesen solo los ejecutores de consignas precisas. Que su esposa, Begoña Gómez, no desaparezca de los noticiarios y periódicos en ningún caso responde a la decisión de los consejos de administración. Que su hermano, David Azagra, aparezca asiduamente señalado tampoco. Ocurre que se han convertido en noticia, al margen de bulos.