Cuando la Audiencia de Sevilla revise las condenas de los ERE, como le ha ordenado el Tribunal Constitucional, es muy probable que vuelva a dictar penas aunque serán mucho más leves tras la insólita redefinición de tipos que el órgano de garantías ha establecido al ceñir las irregularidades a un período de dieciocho meses a principios de este siglo. Si eso sucede, al menos Manuel Chaves y algunos de sus altos cargos de aquella época seguirían siendo delincuentes políticos, toda vez que las modificaciones de crédito entre 2000 y 2001 quedan al margen de la nueva doctrina exculpatoria instaurada por la mayoría sanchista que dirige Conde Pumpido. (Lo de ‘progresistas’ no pasa de ser un eufemismo). Habrá que repetirlo las veces que sea preciso: hubo corrupción, un fraude cienmillonario y masivo prolongado durante una década, y lo que el TC ha corregido es la culpabilidad de los gobernantes de la Junta en ocho de esos diez ejercicios.

La propaganda socialista intenta borrar la existencia misma del desfalco, atribuyendo el escándalo a un montaje para reivindicar la inocencia de sus responsables. Pero el verdadero montaje fue la trama ideada para adjudicar sin publicidad, concurso ni control unas ayudas sociolaborales que a menudo fueron a parar a militantes, amigos y parientes mediante concesiones discrecionales que conllevaban anomalías clientelares de toda clase, como la inclusión de intrusos entre los beneficiarios y el destino de fondos públicos al lucro de particulares. Esos hechos no quedan en cuestión por la sentencia estimatoria de los recursos de las defensas. Lo que el Constitucional legaliza, en una interpretación como mínimo polémica, es el procedimiento de transferencias financieras inserto en los sucesivos proyectos de Presupuestos a través de una partida –opaca– que sirvió para nutrir el sistema de subvenciones directas, repartidas luego con la más absoluta falta de transparencia.

No debían de estar muy tranquilos los dirigentes de aquella etapa cuando a raíz del estallido del caso se apresuraron a cambiar el método para volver a adaptarlo al ordenamiento. Y el actual líder del PSOE andaluz, por ejemplo, seguía sin estarlo cuando hace bien poco tiempo rehusó firmar la petición de indulto a Griñán alegando que lo impedía el código ético interno. El propio expresidente ahora exonerado reconoció el fraude aunque como es lógico rechazó que hubiese un plan para cometerlo. Todos ellos tienen derecho a reivindicar su inocencia pero la realidad objetiva es que estaban al frente del Gobierno bajo cuyo mando se produjo un expolio gigantesco, y eso no lo pueden discutir ni borrar porque es un hecho cierto. Como también lo es que su partido propuso y nombró a los siete magistrados que acaban de revocar el veredicto del Supremo. Y que no ha habido ni habrá manera de recuperar un dinero destinado, ay, a la protección del empleo.