Aunque es evidente que esta nefasta práctica ha alcanzado con el actual Gobierno niveles nunca conocidos, no lo es menos que los diferentes ejecutivos (centrales y autonómicos) del PP incurrieron también en ella y nada hicieron por ponerle fin. Desde esta óptica, no es exagerado afirmar que la reforma más necesaria e imprescindible que requiere el Estado es la profesionalización de todos los cargos directivos de las diferentes Administraciones para que sean cubiertos con criterios de mérito y capacidad, y no como ahora de afinidad partidista.

Esta práctica generalizada de cubrir los puestos directivos de las diferentes administraciones con criterios partidistas se ha extendido también al ámbito de instituciones en las que la autonomía e imagen de independencia de su titular son fundamentales para generar confianza en los ciudadanos. El presidente Sánchez no tuvo ningún pudor para nombrar a una ministra (Dolores Delgado) fiscal general del Estado, ni lo ha tenido para nombrar a otro (Juan Carlos Campo) magistrado del Constitucional. Y existe el riesgo de que designe también a otro miembro del Ejecutivo (José Luis Escrivá) como gobernador del Banco de España.

El gobernador del Banco de España es la máxima autoridad monetaria del Estado y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), suprema autoridad monetaria de Europa. Se trata de un órgano cuya legitimidad no es democrático-electiva sino funcional. Para cumplir su misión -la garantía de la estabilidad de la moneda mediante el control de la inflación- debe ser independiente de los gobiernos. Resulta por ello muy criticable que Christine Lagarde, que fue ministra en Francia, presida el BCE; que Luis de Guindos -que fue ministro en España- sea el actual vicepresidente del BCE; o que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que tuvo puestos relevantes en los gobiernos socialistas, fuese gobernador del Banco de España.

Aunque se trate de personas que cumplen los requisitos de aptitud objetiva (conocimiento experto de asuntos monetarios) no respetan los criterios relativos a la independencia político-partidista. Con Escrivá ocurre lo mismo. No se discute su alta cualificación técnica, pero sí lógicamente su independencia político-partidista. Si Escrivá llega a ser promovido a gobernador del Banco de España, ¿qué credibilidad tendrá un informe realizado por él sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, cuando ha sido titular de ese ministerio?

Con todos estos nefastos antecedentes y dada la praxis del Gobierno de Sánchez de colocar a personas afines en todas las instituciones, no resultaría sorprendente que designase gobernador del Banco de España a un miembro de su Ejecutivo. La consecuencia sería la pérdida de credibilidad de la institución.

En definitiva, lo ocurrido en la Fiscalía General, en el Constitucional y lo que puede suceder en el Banco de España ponen de manifiesto la necesidad de modificar los sistemas de nombramiento de estas instituciones. El problema es que los partidos solo ven esa necesidad cuando están en la oposición y cuando llegan al poder prefieren utilizarlo en su beneficio y no reformar nada. Baste recordar que cuando el PP tenía mayoría absoluta se opuso a cambiar la ley para que los jueces eligiesen a doce vocales del CGPJ. Su defensa de la independencia del Poder Judicial hubo de esperar a estar en la oposición.