Durante años, este periódico lamentó la incapacidad de PP y PSOE para acordar la renovación de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ha tenido que pasar más de un lustro para que, con la mediación de la Comisión Europea, los dos grandes partidos convinieran un reparto salomónico que acabara con el bloqueo, de modo que diez vocales fuesen a propuesta de los populares y otros diez, de los socialistas.
Las dos partes tuvieron que ceder para salir ganando. Fue el mejor acuerdo posible. Primero, porque finiquitó la anomalía de un CGPJ prorrogado durante demasiado tiempo. Y segundo, por crear las bases de un Consejo más equilibrado y que, si los vocales realmente se lo proponen, puede ser más independiente del poder político.
Ayer los elegidos prometieron o juraron sus cargos ante el Rey, y celebraron una primera sesión constitutiva que concluyó con una lista cerrada de siete magistrados (cinco mujeres y dos hombres, cuatro progresistas y tres conservadores) de la que saldrá el próximo presidente o presidenta del Consejo.
La primera votación será el martes, y el ambiente constructivo invita a desear que la sesión concluirá con el nombramiento del sucesor de Carlos Lesmes. Puesto que ninguna de las sensibilidades políticas cuenta con una mayoría suficiente, tendrán que pactar para conseguir, al menos, los 12 votos necesarios.
Es cierto que los Consejos siempre comienzan sus andaduras con buena sintonía y mejores propósitos, y que pasado más o menos tiempo trastabillan. Pero conviene reforzar la exigencia de que sea diferente esta vez. Lo que se espera de los vocales es que el espíritu de los consensos se imponga en la elección del presidente, y luego se mantenga para afrontar las tareas pendientes del CGPJ.
Cabe recordar que la más importante de ellas está incluida en el primer punto del acuerdo de renovación entre PSOE y PP. El documento encomienda a este Consejo que, dentro de seis meses, proponga un nuevo sistema de elección de los doce vocales que deben proceder de la carrera judicial. La exigencia de Bruselas, compartida por este diario, es que se ajuste a los parámetros europeos para el buen funcionamiento del Estado de derecho, de manera que los jueces sean elegidos por sus pares, y no, como hasta ahora, por pura designación digital del poder político.
El PP acepta los estándares europeos. El PSOE, en cambio, arrastra los pies y quiere que la elección siga correspondiendo a las fuerzas políticas. No será fácil alcanzar un punto de encuentro. Pero al menos la puerta a esta posibilidad está abierta después de años de estancamiento.
El CGPJ también tiene que abordar 98 nombramientos de cargos judiciales, de los cuales 26 son del Tribunal Supremo. Y las tareas de los nuevos vocales no acaban aquí. Por ejemplo, está pendiente el informe sobre la nueva ley de enjuiciamiento criminal con la que se pretende cambiar radicalmente el modelo penal español y atribuir las investigaciones a los fiscales, en lugar de a los jueces.
Los cinco años y medio de bloqueo del CGPJ han dañado nuestra reputación democrática. Los vocales tienen el deber y la oportunidad de reforzar la institución y dar un ejemplo al país en una época de polarización. El nuevo Consejo tiene en su mano demostrar que es posible construir mayorías transversales entre conservadores y progresistas para el interés general, y servir de contrapunto ejemplar a un Tribunal Constitucional con dos bloques contaminados por la misma dinámica polarizadora que emponzoña la política española.