Por el bien de la justicia y de la democracia, que son lo mismo, es muy importante que el juez Peinado no se resbale en una cáscara de plátano. Ése es el objetivo de toda la presión que han desatado en su contra el PSOE y el Gobierno: arrastrarlo a una guerra de nervios en la que pueda cometer un error de procedimiento. Si la Audiencia anula o revoca la instrucción, por indefensión o por cualquier otro defecto, el ‘caso Begoña’ se convertirá, como el de los EREs, en una exhibición victimista en la que el sanchismo desplegará su argumentario de la persecución judicial con todo el poderío de su maquinaria propagandística. El ‘lawfare’, la guerra sucia, el acoso premeditado a personas inocentes, la cacería.

Ése era, es, el riesgo de la judicialización prematura de un asunto que antes de llegar al juzgado podía y debía haber tenido un recorrido político mucho más largo. La iniciativa de una entidad de dudosa reputación especializada en denuncias, y luego de otras acusaciones particulares del mismo tenor, precipitaron el enfoque jurídico del caso y en buena medida abortaron la incipiente investigación en el ámbito parlamentario. Las investigaciones periodísticas han continuado con eficacia y precisión, pero ya no es posible separar la repercusión institucional del escándalo de la del desarrollo del sumario. No al menos en términos de opinión pública y de relato, aspectos en los que el aparato gubernamental hace gala de un dominio contrastado.

En este sentido, la citación de Sánchez amenaza con convertirse en un arma de doble filo. En primer lugar porque el magistrado no acaba de aclarar si lo llama como presidente o como marido, matiz determinante a la hora de concederle el privilegio de declarar por escrito y de acogerse al derecho de no incriminar a su cónyuge que posee todo testigo. En segundo orden, porque esa indefinición ofrece un flanco abierto para un recurso sobre violación de garantías, y por último, porque existe un debate técnico razonable sobre la pertinencia procesal de requerir el testimonio antes de delimitar el perímetro exacto de la pesquisa. En conjunto, se trata de una decisión susceptible de dar pábulo a la interpretación ventajista de una diligencia cargada de animosidad política.

Y ésa es exactamente la línea en que se mueven no sólo la defensa letrada, sino la Fiscalía y el Ejecutivo entero, utilizados por su líder como piezas de enroque para evitar el jaque a la dama. Están a la espera de que un paso en falso de Peinado provoque el archivo de la causa, en cuyo supuesto no habrá modo de abrir sitio a la necesaria discusión sobre la inaceptable falta de ética y el manifiesto conflicto de intereses subyacentes en las andanzas de la insólita catedrática. Y no pierden la esperanza de que, bajo el estrés de una intimidante campaña, el instructor caiga en la tentación de avanzar en plan «sujétame el cubata».