Kepa Aulestia-El Correo
La eclosión independentista posterior a 2012 y el declive experimentado por el ‘procés’ a partir de 2017, hasta el decaimiento del soberanismo en las últimas citas electorales, han derivado en un proceso inesperado. La revisión del autogobierno catalán instituido con el Estatut de 1979, y ampliado con el de 2006, en torno a la idea de una «financiación singular» que situaría a Cataluña a la par de Euskadi y de Navarra mediante un sistema de «concierto económico solidario» y de «cuota» que aquella comunidad habría obtenido a cambio del apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa, pendiente de ser ratificado el viernes en consulta a las bases de ese partido.
Los dos argumentos que la portavoz de ERC, Raquel Sans, ofreció para explicar el preacuerdo en ese punto fueron que así Cataluña estaría mejor preparada para acceder a la independencia, y que la vindicación de «la llave de la caja» y de la gestión del «100% de los impuestos que pagan los catalanes» había sido una demanda histórica del soberanismo catalán. El segundo argumento podría ser válido para distintos episodios de la intermitente trayectoria de las siglas ERC. Pero eso de una Hacienda propia fue desestimado por el catalanismo nacionalista -y mucho más por el otro- mientras el Concierto vasco y el Convenio navarro pasaban a formar parte del corpus constitucional. Mejor sería que, en adelante, los triunfadores de la negociación -los de ERC- ante un Gobierno central henchido de satisfacción no recurriesen a ninguno de esos argumentos. Si Cataluña obtiene finalmente el plácet para salirse del régimen común, ERC deberá explicar en qué exactamente beneficia eso a los catalanes en la declaración de la Renta de 2025.
La naturaleza constitucional del Concierto y del Cupo vascos no debería cerrar el paso a que Cataluña se retracte de su historia reciente para reclamar y obtener más o menos lo mismo. Pero este ensayo continuado por revisar la Transición sin rupturas, por emular aquel momento a cuenta de la aritmética parlamentaria que orbita en torno a Pedro Sánchez desde 2018, tendría que abrir la puerta a que también otras comunidades pudieran reclamar Concierto y Cupo en términos «solidarios». Aquellas que más aportan, como Madrid y Baleares, comprometiéndose a ajustarse a la misma fórmula que Cataluña, Euskadi y Navarra. Y aquellas que más precisan de las demás aceptando que la generalización del preacuerdo, revelado inicialmente por ERC, podría contribuir a la clarificación de tan abstrusas balanzas fiscales.
Solo que el sistema en su conjunto podría resentirse, y precisamente por arriba. La singularidad es el valor más apreciado en esa cota. A un nacionalista o a un foralista vasco le hace poca gracia que cincuenta años después de que culminara la Transición, el catalanismo ahora independentista haya descubierto el Mediterráneo que se negó a reconocer Jordi Pujol. El punto crítico del preacuerdo por el «concierto económico solidario» no está en las autonomías que puedan sentirse vulnerables ante lo que venga. Está en aquellas que reclamen apuntarse a lo mismo que Cataluña, sin que nadie pueda discutir su singularidad